- A iniciativa de la organización 100 Periodistas por el Estado de México, Congreso del Estado de México realiza el Cuarto Foro de Análisis de Reformas a la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos 2025
- A nadie, sobre todo a quienes ejercen el Poder, gusta sentirse o saberse observado”.
Juan Ignacio Corro
Toluca, Estado de México, a 5 de julio de 2025
El periodismo representa una actividad históricamente relegada y castigada por quienes toman decisiones, debido a la incomodidad que representa. “A nadie, sobre todo a quienes ejercen el Poder, gusta sentirse o saberse observado” consignó la reportera Veneranda Mendoza en el Congreso del Estado de México.
En consecuencia, hoy en día en el Estado de México se obstaculiza el ejercicio periodístico evitando su ingreso a instalaciones públicas, se acosa o realizan tocamientos de elementos policiales a reporteras, o dañan el equipo de fotografía, celulares y grabadoras de los compañeros, en el mejor de los casos.
En el peor de los casos, se presentan lesiones y asesinatos en contra de quienes cumplen con su labor de investigación e informativa, lamentó.
Invitada especial por la iniciativa 100 Periodistas por el Estado de México en el marco del Cuarto Foro de Análisis de Reformas a la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos 2025, la reportera de la revista Proceso subrayó que en materia de protección son necesarias respuestas más expeditas en los casos de alto riesgo al advertir que la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida puede tardar hasta 24 horas en elaborar el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata, a las que se suman hasta tres días más para que la Coordinación Ejecutiva comunique los acuerdos y resoluciones a las autoridades correspondientes y al beneficiario.
Otra de las irregularidades actuales, cuestionó la periodista, se relaciona con los protocolos de protección a periodistas, que obliga la capacitación y sensibilización de los servidores públicos, en lo cual la Secretaría de Seguridad del Estado de México elaboró el suyo, pero “no se ha hecho público ni se hea socializado con los municipios”, resaltó.
Esta situación ha llevado a que los y las policías siga arrebatando y dañando equipos de vídeo, fotografía, celulares y grabadoras de los compañeros, en el mejor de los casos; y lastimando o asesinando en el peor de los casos, a quienes cumplen con su labor de investigación e informativa.
A lo anterior, se suman también la ineficiencia de los protocolos existentes ya que no incluye un apartado en materia de género para evitar el acoso o tocamientos de elementos policiacos a mujeres periodistas; ni medidas de seguridad para ejercer la actividad periodística en hospitales, centros de readaptación social, eventos masivos o instituciones de educación pública.
Veneranda Mendoza apuntó que en instalaciones públicas aún se niega el acceso a periodistas, y cuando se permite se recurre al discreto “corralito” que tiene más una función de contención, circunstancias que deben corregirse con la reforma.
Refirió que la actual Ley es ambigua en materia de rendición de cuentas, toda vez que el Fondo para la Protección Integral de los Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos, se desconocen montos y, sobre todo, destino de los recursos.
Observó que una reforma a la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México debe garantizar la seguridad y dignidad de la y el periodista para hacer efectivos los derechos humanos de libre expresión e información, reconocidos por los máximos instrumentos jurídicos del país y las normas internacionales, propios de las sociedades democráticas.
Lamentó que la extinción de los Institutos Nacional y Estatal de Transparencia y la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, deja latente la tentación de convertirse en un instrumento para el espionaje o la censura
El foro, promovido por la iniciativa 100 Periodistas por el Estado de México, fue escenario de reflexión crítica y propuestas concretas para mejorar un marco legal que, hasta ahora, ha mostrado limitaciones estructurales. Raúl García Víquez, editor de la revista Matices y representante de dicha iniciativa, destacó los avances impulsados desde la sociedad civil organizada: la eliminación del delito de ultrajes a la autoridad, la incorporación de periodistas al IMSS-Bienestar, un nuevo protocolo estatal de actuación policial, 22 capacitaciones en 15 municipios, cinco convenios interinstitucionales y la aceptación de 47 de 50 solicitudes de protección, beneficiando ya a 63 personas.
Este cuarto foro forma parte de un ciclo de encuentros cuyo objetivo es consolidar un documento maestro de reformas que será presentado en septiembre de 2025 ante la LXII Legislatura. Dicha propuesta buscará establecer un marco legal integral que reconozca las condiciones reales y diversas en las que se ejerce el periodismo en la entidad.
