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- Millones de adolescentes franceses deberán abandonar plataformas de entretenimiento y algoritmos de recomendación como TikTok, Instagram y Snapchat.
- La responsabilidad técnica y legal de verificar la edad recae estrictamente sobre las empresas dueñas de las aplicaciones.
Juan Ignacio Corro
Ciudad de México, a 21 de julio de 2026
El Parlamento de Francia aprobó una ley histórica que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La medida, impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, convierte al país en la primera gran economía europea en vetar estas plataformas digitales para los adolescentes, abriendo un debate global sobre la salud mental y la privacidad.
Los puntos clave de la normativa y su impacto directo en la comunidad juvenil refiere la Desconexión digital obligatoria, por lo que millones de adolescentes franceses deberán abandonar plataformas de entretenimiento y algoritmos de recomendación como TikTok, Instagram y Snapchat.
La ley extiende la prohibición absoluta del uso de teléfonos celulares a los institutos de bachillerato, complementando la restricción que ya existía en escuelas primarias y secundarias.
Las restricciones no aplicarán para las enciclopedias en línea ni para las plataformas de uso exclusivamente escolar o educativo.
El gobierno argumenta que la medida combatirá de forma radical el ciberacoso, la ansiedad social y la adicción digital que afectan a la comunidad juvenil.
Las plataformas tendrán prohibido crear cuentas a menores de 15 años a partir del 1 de septiembre de 2026.
Las tecnológicas disponen de un plazo límite hasta el 1 de enero de 2027 para identificar y cerrar los perfiles activos de los menores de la edad permitida.
La ley no castigará a los jóvenes ni a sus padres. La responsabilidad técnica y legal de verificar la edad recae estrictamente sobre las empresas dueñas de las aplicaciones.
El regulador digital francés, Arcom, vigilará el cumplimiento de la ley. Sin embargo, la comunidad de expertos y gigantes tecnológicos como Meta han criticado la viabilidad del proyecto, advirtiendo que los métodos de verificación de edad masivos podrían vulnerar los derechos de privacidad de los propios jóvenes al exigir datos biométricos o documentos de identidad.
