Visitas: 46
- Angélica Moya rechaza irregularidades en el manejo de los recursos públicos federales
- El gobierno local continúa solventando las observaciones preliminares detectadas por el máximo órgano fiscalizador al ejercicio de los recursos federales en 2022
Es falso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acuse al actual gobierno de Naucalpan de malos manejos o desvío de recursos, afirmó la alcaldesa Angélica Moya Marín, no obstante, el órgano fiscalizador determinó, de manera preliminar, infringió la normativa en el ejercicio de los recursos federales.
Acompañada del Contralor Interno Rafael Funez Díaz y Ana Patricia Murguía Valdés, tesorera municipal, sostuvo que la ASF no ha determinado daños directos ni indicaciones de un mal manejo de recursos, “pues actualmente nos encontramos en la etapa de solventación de las observaciones”
Lo anterior, derivado que en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, la ASF observó que 3,447 funcionarios y trabajadores del gobierno de Naucalpan no se ajustaron al tabulador autorizado causando “un daño a la hacienda pública municipal de 23 millones 419 mil pesos”.
Al respecto, Rafael Funes Díaz, confirmó que la auditoría ASF emitió diversas observaciones para ser aclaradas, algunas de las cuales ya fueron solventadas. Tal es el caso, agregó, los pagos que presuntamente no están de acuerdo con el tabulador.
“Lo hemos ido resolviendo para hacerles ver que los pagos sí son coherentes con el tabulador autorizado. Y ese es el momento en el que estamos, aclarando ante la Auditoría Superior esas observaciones, que son eso, observaciones”, declaró.
De acuerdo al Tercer Informe de Resultados de Fiscalización a la Cuenta Pública 2022, la ASF determinó que el Ayuntamiento de Naucalpan realizó pagos a puestos y niveles no considerados en el tabulador autorizado por 182 millones 284 mil pesos, es decir, probablemente los recursos federales se aplicaron en pagos no registrados previamente.
De acuerdo con la metodología establecida en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, eligió una muestra del rubro Sueldo por un monto de mil 115 millones 633 mil pesos de la nómina ordinaria correspondiente a 24 quincenas pagadas a 7,567 trabajadores, y constató que para 3,447 trabajadores no se ajustaron al tabulador.
El pasado 29 de enero, a través de la Contraloría Municipal que fungió como enlace en la atención de la Auditoría emitió el oficio CIM/CI/0116/2024, justificó que el personal revisado tuvo diferentes movimiento durante el año, así como cambios en el cargo y puesto, por lo que se difiere en los importes obteniendo en un monto de 5 millones 532 mil 475 pesos, mismos que se encuentran debidamente calculados, registrados y devengados, por lo que no se cuenta con un sobregiro y adjunta información en medios CD.
Después del análisis a dicha respuesta la ASF resolvió que las justificaciones no aclaran las resoluciones, por lo que considera la misma como “no atendido”.
Además, el máximo órgano fiscalizador dictaminó “riesgo” de que los recursos del fondo otorgados al Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México al gobierno que encabeza Moya Marín no se ejerzan en cumplimiento del marco jurídico aplicable, por lo que éste deberá generar las acciones pertinentes de mejora para establecer o fortalecer el diseño e implantación del sistema de control interno institucional, así como su eficacia operativa.
La Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad fiscalizada ha generado y puesto en operación diversas estrategias y mecanismos de control; sin embargo, éstas no resultan razonables para la ejecución de los recursos del fondo, y podrían no garantizar la eficacia en el logro de los objetivos institucionales, la confiabilidad de su información y el cumplimiento a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
Sin resolver los presuntos malos manejos del gobierno de Patricia Durán Reveles
Moya Marín recordó el caos en que estaba sumido Naucalpan por la anterior administración municipal, que heredó una gran crisis financiera y deuda superior a los 3 mil 500 millones de pesos.
“Debemos recordar que Naucalpan fue víctima de un desfalco por parte de la administración anterior. La corrupción del gobierno de Durán propició la peor crisis en la historia de nuestro municipio, se dejaron de pagar sueldos y prestaciones al personal municipal, pidieron préstamos bancarios que no pagaron y endeudaron a Naucalpan ante la CFE y el SAT. La suma de estas irregularidades llevó al municipio a perder los sellos fiscales y a entrar al Buró de Crédito”, aseguró.
Añadió que el gobierno de Naucalpan emprendió diversas acciones para superar la crisis financiera, como poner orden a la hacienda pública municipal para recuperar la operatividad de la administración y pagar mil 500 millones de pesos de la deuda heredada, recursos que pudieron ejercerse en obras y servicios para beneficio de los naucalpenses, lo que no se llevó a cabo por la irresponsabilidad financiera de la administración de Patricia Durán Reveles. Por ello, la Contraloría Interna inició procedimientos para sancionar a los posibles responsables.
Destacó que, de las 52 observaciones realizadas por el OSFEM al anterior gobierno de Naucalpan, siete se relacionan con el ejercicio indebido de los recursos financieros, 44 con obras públicas y 15 con adjudicaciones indebidas, con posible daño al patrimonio municipal por más de 5 mil 500 millones de pesos, además de que la Contraloría Municipal inició procedimientos para sancionar a los responsables de 225 obras que no fueron concluidas, con monto de más de 225 millones de pesos no comprobados.
A su vez, Funes Díaz detalló que hasta el momento suman 10 exservidores públicos de la anterior administración municipal inhabilitados para ocupar cargos públicos, además de las 52 observaciones que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) emitió que no han sido aclaradas, por las cuales próximamente se emitirán las sanciones correspondientes.
Moya Marín indicó que el desfalco se dio principalmente en cuatro vertientes, como la omisión de pagos de sueldos y aguinaldos a personal sindicalizado, eventuales, policías municipales, bomberos e integrantes de Protección Civil; un préstamo bancario a Santander que no fue cubierto por quien lo solicitó, y se dejó de pagar a dependencias como el SAT y CFE, además de la generación de liquidaciones por indemnizaciones, sueldos y salarios caídos.
Ana Patricia Murguía Valdés, tesorera municipal, informó que dio parte de las citadas irregularidades financieras a la Contraloría Interna Municipal para fincar responsabilidades administrativas a presuntos responsables, lo que actualmente está en proceso.
