- Senador del PAN, Enrique Vargas, propone implementar jueces especializados en adopciones de niñas, niños y adolescentes en todo el país
- La iniciativa busca acabar con la sobrecarga que tienen los Juzgados de lo Familiar en los 32 estados del país
Juan Ignacio Corro
Ciudad de México, a 7 de octubre de 2025
En un periodo de 10 años, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acumuló 754 solicitudes de adopción, de los cuales, sólo 19.5 por ciento fueron concluidos, por lo que existe un rezago significativo en este ámbito que vulnera a los menores al poder encontrar una familia.
El Vicecoordinador del PAN en el Senado de la República, Enrique Vargas, subrayó que uno de los mayores problemas que se presentan es la burocracia y procesos legales, por lo que estableciò la relevencia de salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en especial, el derecho a vivir en familia
En ese propósito, Vargas del Villar, presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que todas las entidades federativas del país cuenten con Juzgados Especializados en Adopciones, con el fin de garantizar procesos expeditos y, de esta manera, favorecer la atención de menores de edad en desamparo.
El senador notó los extenuante de los tramites que pueden tardar años en poder concretarse, debido a la saturación de los sistemas judiciales en nuestro país, además de que, en muchas ocasiones, no se cuenta con personal capacitado que ejerza sus atribuciones, velando por el interés superior de las infancias y adolescencias”, acotó.
Explicó que el propósito de la iniciativa consiste en evitar la sobrecarga que los Juzgados de lo Familiar para atender estos asuntos, lo que ha ocasionado periodos de resolución muy largos que dejan en incertidumbre la vida de menores en desamparo, además de que esto favorecerá una preparación más especializada de los jueces para dar seguimiento a este tipo de casos, sin afectar los derechos de estos.
De aprobarse dicha iniciativa, los jueces especializados dispondrán de 90 días hábiles improrrogables para emitir una sentencia sobre la patria potestad de menores de edad en juicios de este tipo; periodo que será contado a partir del día siguiente de la presentación de la demanda, con lo que se atiende una petición histórica con los tutores interesados en adoptar y a los menores se les garantiza un proceso para restituirles los derechos a vivir en familia y a recibir una formación y protección de quien ejerza su tutela, guarda o custodia.
Agregó que, de esta manera, también se les permite que se desarrollen de forma integral y con una vida digna, al contar con condiciones afectivas y materiales que les permitan vivir plenamente, tal y como se ha previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño.
