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- Las exenciones fiscales vinculadas al Mundial 2026 deben limitarse estrictamente a quienes participen directamente en la organización del evento.
- La transmisión comercial de partidos en negocios requiere autorización y debe sujetarse a las disposiciones aplicables en materia de propiedad intelectual.
- El interés público exige evitar privilegios amplios, proteger la recaudación y garantizar reglas claras para establecimientos y contribuyentes.
Juan Ignacio Corro
Ciudad de México, a 11 de junio de 2026
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que, más allá del impacto internacional del Mundial 2026, es necesario revisar con cuidado el modelo de exenciones, permisos y beneficios asociados, a fin de evitar que un evento financiado en buena medida con recursos públicos termine operando como un negocio exclusivo de grandes corporaciones.
Subrayó que no puede permitirse que la inversión en infraestructura, vialidades, movilidad y adecuaciones urbanas quede socializada entre la población, mientras que el acceso a los partidos, la transmisión pública en pequeños negocios y la derrama económica se concentren en unos cuantos.
Ramírez Cuéllar afirmó que la revisión de las exenciones fiscales debe partir de un principio de justicia social: si el pueblo mexicano contribuye con sus impuestos a la preparación del evento, el beneficio no puede reservarse únicamente para la FIFA, sus patrocinadores y grandes operadores. En ese sentido, sostuvo que es indispensable delimitar con precisión a quiénes aplican las facilidades, bajo qué condiciones y por cuánto tiempo, para que no se traduzcan en privilegios desproporcionados ni en cargas adicionales para pequeños comercios y consumidores.
A esta postura se sumaron legisladores y legisladoras de Morena, quienes coincidieron en que el esquema de beneficios debe revisarse con responsabilidad para asegurar que responda al interés nacional y no derive en tratamientos excepcionales ajenos a la legalidad tributaria. Señalaron que cualquier disposición de esta naturaleza debe estar claramente acotada, debidamente justificada y vinculada con la organización directa del evento.
Asimismo, coincidieron en que la discusión no debe centrarse en retirar medidas de control para los negocios, sino en evitar que el esquema de derechos y permisos diseñado por la FIFA termine por privatizar un evento de interés público y de alcance social mucho mayor.
Indicaron que los establecimientos deben respetar la normatividad aplicable y, en su caso, cubrir las licencias correspondientes, pero advirtieron que el modelo actual no puede trasladar de manera desproporcionada los beneficios a la organización internacional, mientras limita el acceso de pequeños comercios y de la población al disfrute colectivo del Mundial.
“No se trata de ignorar la ley ni de relajar las verificaciones del IMPI; se trata de revisar un esquema que concentra las ganancias y encarece la participación de los negocios locales, convirtiendo un evento que debería ser popular en un negocio altamente privatizado”, afirmaron.
Al respecto, consideraron indispensable que el IMPI verifique el uso comercial de la señal, las transmisiones públicas y la utilización de marcas, símbolos, logotipos y frases protegidas vinculadas con la Copa Mundial FIFA 2026, a fin de evitar prácticas irregulares en negocios que retransmitan partidos sin contar con la autorización correspondiente.
Finalmente, el diputado reiteró que la organización de la Copa Mundial debe dejar beneficios económicos, turísticos y de imagen para el país, pero bajo un marco de disciplina fiscal, respeto a la ley y equilibrio entre el interés nacional y los compromisos internacionales. Subrayó que México necesita eventos de gran escala, sí, pero con reglas firmes, instituciones sólidas y una visión en la que el crecimiento se traduzca en bienestar y no en privilegios.
