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- Desde 2024 utilizaban el esquema delictivo mediante el cual obtuvieron de manera ilícita cientos de millones de pesos
- Se detectar irregularidades como el condicionamiento del servicio, el cierre parcial o total del centro y manipulación abusiva de la legislación ambiental con fines de extorsión lisa y llana
- También se desapoderaban de las concesioes y cometían el robo de infraestructura, en perjuicio a los automovilistas
Juan Ignacio Corro
Naucalpan, Estado de México, a 17 de agosto de 2026
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consideró como un complejo entramado criminal las practicas extorsivas que practicaron los servidores píblicos del gobierno estatal de origen al Partido Verde Ecologista de México, aliados de la 4T, en agravio de propietarios de Centros de Verificación Vehicular del Estado de México y de los ciudadanos que acuden a estos sitios con el propósito de cumplir con lo señalado en el Programa de Verificación Vehicular obligatoria.
Denuncias ciudadanas y actos de investigación de campo y gabinete establecieron en el modus operandi la probable intervención de servidores públicos en activo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad, sobre todo aquellos con facultades para la expedición y autorización de licencias, permisos y revalidación de funcionamiento de verificentros, también se cuenta con indicios de la intervención de ex servidores públicos y particulares, que pretendín obtener más de 400 millones de pesos
El entramado extorsivo operaba al menos desde diciembre del 2023 e incluía la imposición de cuotas a los concesionarios de los verificentros por el número de verificaciones realizadas, a ello sumaron cuotas por cada “línea” de verificación y por otras actividades.
La fiscalia Las indagatorias advierten que, para lograr cubrir las exigencias extorsivas, los concesionarios trasladaron parte de ellas a los usuarios de los verificentros de manera tal que proliferaron la práctica de “pagos por brincos (evitar la multa) cuando los vehículos no pasan las pruebas o verificaban de manera extemporánea”.
En este orden de ideas, las autoridades ambientales utilizan un mecanismo de control denominado Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV). La investigación estableció que, es el factor humano el que vulnera su óptimo funcionamiento ya que simplemente puede ser desactivado y vuelto a activar, con propósitos delictivos, desde el Centro de Control de la Secretaría del Medio Ambiente. La Fiscalía Edoméx revisa exhaustivamente los tramos de control de este proceso.
Entre los modus operandi que utilizaban como medida de presión, también se limitaba la venta de hologramas a los verificentros de manera que, al agotar el número de engomados que la autoridad ambiental les aprobaba unilateralmente, estos sitos ya no podían continuar su funcionamiento a menos que cubrieran las cuotas extorsivas, momento en que les entregaban más hologramas.
Entrevistas recabadas en sede ministerial permiten establecer en grado de probabilidad que el 23 de diciembre de 2023, el hoy vinculado a proceso Raúl “N”, Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, convocó a dueños, encargados, apoderados legales y administradores de diversos verificentros, a una reunión en un restaurante ubicado en la CDMX, donde les habría manifestado “a partir de hoy hay una nueva forma de trabajar y cada verificentro tiene que pagar 200 mil pesos mensuales para seguir operando, aún y cuando cuenten con sus documentos en regla”.
Ante la inconformidad de los asistentes, pero también ante el temor de no lograr la revalidación, el bloqueo del sistema, no obtener hologramas u otras amenazas, algunos de ellos se vieron obligados a aceptar el pago de “cuotas” de entre 30 y 100 mil pesos, acorde al número de verificaciones que cada centro podía realizar.
Posteriormente, en febrero del 2024, Raúl “N” y diversos sujetos habrían contactado a las víctimas para exigirles un nuevo pago extorsivo al que llamaron “retroactivo”, consistente en la exigencia de 162 mil 500 pesos por cada verificentro toda vez que “los dejaron trabajar sin ningún problema de octubre a diciembre de 2023”.
En tanto que, como parte de su intervención dentro del esquema delictivo, Carlos Eduardo “N” habría exigido a las víctimas la devolución de diversas revalidaciones que ya habían sido autorizadas al haberse cumplido con los requisitos legales, ante la negativa de estas, les indicaba que se atuvieran a las consecuencias, porque habría represalias en su contra, por lo que realizó un hecho arbitrario.
Diverso modus operandi consiste en la imposición de “cuotas” con motivo de la revalidación de la concesión, calculada según el número de líneas de verificación. Acorde a entrevistas incorporadas en los expedientes de investigación, el entramado delictivo requería “juntar una bolsa de 430 millones pesos extras a más tardar para noviembre de 2026”.
Se cuenta con señalamientos que refieren que, en marzo de 2026, Raúl “N” envió el siguiente mensaje: “avísales a los demás (concesionarios) que tienen que pagar las revalidaciones de funcionamiento autorizadas desde el 2024… 500 mil pesos por cada línea (de verificación)”, recordemos que en la entidad actualmente funcionan 878 líneas.
Bajo este esquema, el entramado extorsivo pretendía obtener más de 430 mdp que serían adicionales a lo recabado por las “cuotas” mensuales impuestas o por otros trámites.
Los recursos producto de la extorsión habrían sido entregados en efectivo en diversos lugares de los que destacan oficinas privadas ubicadas en la colonia Bosques de Las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo, así como domicilios en la alcaldía Cuajimalpa, ambos en la Ciudad de México. En estos sitios, mediante cita previa y/o “código QR” de acceso, terceros habrían realizado la entrega del numerario a un particular plenamente identificado, entre otros.
Se tiene conocimiento que, mediante presión y amenaza, el entramado delictivo obligó a algunos concesionarios de verificentros a cederles un porcentaje de sus empresas, previo a ello, nuevamente obstaculizaron los procesos de revalidación de concesiones al “ocultar” la información oficial respecto al periodo y fechas para el trámite, además de impedir que las víctimas lo hicieran con anticipación y cuando otorgaban las concesiones, estas eran emitidas por periodos de tiempo variables de 6 hasta 12 meses.
Para “adueñarse de los verificentros”, los partícipes del entramado habrían utilizado al menos dos razones sociales que están relacionadas con ellos y siempre habrían manifestado que contaban con la “protección de políticos”.
Bajo esta hipótesis, entre el 10 y 14 de agosto pasados, la Fiscalía del Estado de México, aseguró cinco Centros de Verificación Vehicular, dos de los cuales se encuentran ubicados en el municipio de Nezahualcóyotl, el resto en Almoloya de Juárez, Coacalco, así como Tlalnepantla y se llevan a cabo indagatorias sobre otros establecimientos que comenzarían a funcionar con las “concesiones modificadas”. Como parte de la investigación, el Agente del Ministerio Público solicitó a las autoridades ambientales el antecedente jurídico de estos Centros y todas las documentales que permitan deslindar responsabilidades.
Adicionalmente, se llevaron a cabo técnicas de investigación de cateos en oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente estatal ubicadas en Tlalnepantla y Metepec, en las que se aseguraron diversos indicios.
Actualmente se encuentran recluidos con medida cautelar de prisión preventiva justificada, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco a disposición de la Autoridad Judicial quien el pasado 16 de agosto los vinculó a proceso, al primero por extorsión agravada y al segundo por abuso de autoridad.
En el Estado de México, el Código Penal vigente al momento de los hechos establece una penalidad de hasta 70 años de prisión para el delito de extorsión y hasta de 9 para el de abuso de autoridad. Los detenidos deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.
