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- Anuncian frente común el Gobierno de la CDMX, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, la Secretaria de Seguridad de la capital, la Fiscalía capitalina y los notarios, para atender los llamados de emergencia, la restitución y judicialización e los casos.
- Habrá cero tolerancia contra personas servidoras públicas que encubran o estén coludidas con este delito promete Clara Brugada
Juan Ignacio Corro
Ciudad de México, a 5 de agosto de 2026
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó ocho acciones para el fortalecimiento de la estrategia contra el despojo y garantizar la protección del patrimonio de las familias. Aseguró que su administración actuará con todo el peso de la ley y la fuerza de las instituciones para frenar este delito.
Explicó que la primera acción será impulsar un gran programa permanente y accesible de regularización, registro notarial, escrituración y sucesión de la propiedad como una estrategia de seguridad patrimonial para la población.
Además, anunció la próxima creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, que contará con servidores especializados y que estará a cargo de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. Como tercera acción, informó que se contará con nuevos plazos para la restitución de inmuebles y la judicialización, que serán de 15 y 30 días, respectivamente.
Informó que se contará con un protocolo único de atención frente a una llamada de emergencia por despojo para implementar una ruta común de actuación institucional entre el Gobierno de la ciudad, la policía y elementos ministeriales.
Subrayó el fortalecimiento de la investigación estratégica contra este delito a través de análisis de tendencias y patrones criminales, pues refirió que no se trata sólo de ir caso por caso, sino de identificar si existe algún grupo delictivo dedicado al despojo del patrimonio de las personas.
Como séptimo punto, anunció la creación de un equipo especial de control interno, adscrito a la Contraloría, encargado de investigar, auditar y sancionar cualquier posible acto de corrupción, colusión o complicidad de personas servidoras públicas que faciliten o encubran este delito.
“Ninguna red de despojo puede operar con protección institucional. Tenemos una política de cero tolerancia a la corrupción. Quien traicione la confianza ciudadana y utilice el servicio público para despojar a una familia de su patrimonio enfrentará todo el peso de la ley”, afirmó.
Como última acción, informó que se impulsará una cartilla de prevención, a través de una campaña informativa para sensibilizar, prevenir y evitar despojos mediante un decálogo de recomendaciones a fin de mantener en regla la documentación del inmueble; registrarlo voluntariamente y activar la alerta inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad; regularizar aquellas propiedades heredadas o intestadas.
Además de formalizar cualquier préstamo o renta de inmuebles; conservar pruebas de posesión como recibos de servicios; actuar de inmediato ante cualquier intento de ocupación; presentar denuncias sin demoras ante la Fiscalía; conservar evidencias; informarse y asesorarse oportunamente; y no firmar ningún documento relacionado con la propiedad sin leerlo y sin asesoría jurídica.
La titular del Ejecutivo local indicó que un punto más a agregar es la presentación de un informe semestral para exponer los avances obtenidos a través de la estrategia contra el delito de despojo y sus acciones de reforzamiento.
Destacó que la incidencia de este delito se ha mantenido estable en los últimos años, pues, desde el 2019 se registran en promedio 10 y 11 casos diarios.
Delitos de despojo no ha aumentado en los últimos 10 años, se ha incrementado la denuncia por hechos pasados
La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, indicó que a través del Gabinete contra los Despojos se ha logrado atender mil 32 casos, de los cuales 644 son civiles y sólo 388 han sido catalogados como presuntos despojos, y se han logrado 185 restituciones de inmuebles y 84 aseguramientos.
Resalto que los casos por despojo no han aumentado toda vez que se ha mantenido un promedio de 11 denuncias diarias por este motivo, pero no se trata de casos recientes sino de acciones realizadas desde hace años derivada de las campañas de difusióm y la atención en las fiscalias territoriales para atender estos asuntos; además dejo en claro que mucho de ellas no necesariamente se trata de despojo como tal y que no se configura ese delito, sino de problemas familiares.
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, indicó que desde la instalación del Gabinete Contra el Despojo se puso en marcha un protocolo de reacción inmediata. Explicó que se parte primero de una denuncia a los números 911 y 5553458120. Recordó que la SSC monitorea constantemente denuncias en redes sociales y activa la Unidad de Contacto de la Secretaría.
Informó que en lo que va del año, la SSC ha detenido a 46 personas específicamente por el delito de despojo, independientemente de su participación en distintas investigaciones, donde quizá por otros delitos asociados se ha detenido a personas que incurren en esta práctica.
Vázquez Camacho dijo que al ingresar la denuncia la policía del cuadrante atenderá la llamada de manera inmediata, cuyo tiempo de respuesta debe ser menor a 3 minutos. Al llegar al lugar se evaluará si hay elementos para acreditar la flagrancia, la cual debe cumplir elementos como el ingreso, el forzar chapas y otros que están previstos en la ley, para que se pueda acreditar con toda precisión que la persona esté incurriendo en el delito de despojo.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, indicó que se reforzará la estrategia de prevención contra el despojo por medio de la realización de asambleas ciudadanas en zonas de la ciudad ya identificadas donde más se ha presentado este delito y reiteró el acompañamiento a víctimas a través del trabajo en campo, así como asesoramiento de víctimas en el sitio, en el Zócalo de Gobierno y vía telefónica a través del número 55 – 5345 – 81 20.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ), Rafael Guerra Álvarez, propuso la creación de una Unidad Especializada integrada por 20 jueces para agilizar la atención a víctimas de este delito; elaborar un Registro Institucional de inmuebles afectados. Además impulsar la conformación de un Área Receptora de Órdenes de Desalojo, y dos más que alerten y detecten de forma oportuna y preventiva los procedimientos judiciales simulados y de convenios.
