Pide COPARMEX  que reducción de la jornada laboral no sea por decisiones unilaterales, ni de imposiciones políticas

  • Impulsar una reducción de horas laborales sin incentivos a la productividad, podría llevar a un deterioro en el empleo formal.
  • La gradualidad debe contemplar no solo plazos, sino criterios sectoriales y de tamaño de empresa, con especial atención a las micro y pequeñas unidades económicas.

Por Juan Ignacio Corro 

Ciudad de México, a 2 de mayo de 2025

El reciente anuncio sobre la instauración paulatina de la reducción de la jornada laboral exige una reflexión profunda, integral y con visión de país, estima la Confederación Patronal de la RepúblicaMexicana (COPARMEX), al considerar el difícil contexto económico actual que enfrentan el país y las empresas, en particular las micro, pequeñas y medianas, que constituyen el motor del empleo formal en México.

La organización señala la importancia de mejorar las condiciones de las y los trabajadores, pero subraya que cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo debe construirse desde el diálogo responsable y con base en datos económicos reales.

No obstante, reiteró su disposición para participar de forma activa en las mesas de trabajo que convocará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para sumar, con argumentos y propuestas, a un proceso que debe incluir a todas las voces y visibilizar la realidad de los distintos sectores económicos. 

“No es momento de decisiones unilaterales, ni de imposiciones políticas. Es tiempo de construir acuerdos que garanticen el equilibrio entre productividad, mejoras en las condiciones laborales y viabilidad empresarial, para impulsar los objetivos y prioridades anunciados por el Gobierno Federal y que requiere el país”, consigna.

Solicita primero consolidar los progresos fundamentales como el incremento sostenido del salario mínimo, la ampliación de vacaciones, la regulación de la subcontratación y la reforma pensionaria que hoy permiten que las y los trabajadores se acerca a la línea de bienestar familiar. 

En ese sentido, exige que estos logros no deban ponerse en riesgo, al contrario, dice, deben consolidarse mediante nuevas medidas que fortalezcan la productividad, impulsen la formalidad y generen condiciones propicias para que las empresas respondan a los retos del mercado interno y externo. 

También resalta fundamental que se logre la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales y la actualización de la tabla de subsidios al empleo (ISR), como elementos clave para fomentar la formalidad y facilitar la implementación de nuevas obligaciones laborales.

“Cualquier propuesta para reducir la jornada laboral debe incluir una implementación gradual, flexible yadecuada a las capacidades de cada sector productivo”, exige.

Además, se deben establecer excepciones razonables para actividades específicas, que por sunaturaleza requieren esquemas distintos, con el fin de evitar impactos negativos que puedan traducirseen pérdida de empleos o aumento en la informalidad. 

“No atender esta realidad sería ignorar las condiciones de millones de pequeños negocios que operan al límite y sostienen gran parte del empleo nacional”.

Economía mexicana a la baja

El país enfrenta una marcada desaceleración económica, niveles altos de informalidad que superan el 54.5% de la población ocupada y una baja productividad laboral —la más baja entre los países que integran la OCDE—. 

En estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, la informalidad alcanza niveles superiores al 75%, por lo que impulsar una reforma de esta magnitud, sin atender previamente estos desafíos estructuralespuede provocar el efecto contrario al deseado: menos empleos formales y consecuente precarizaciónlaboral, debilitamiento de sectores clave, cierres de empresas y, como consecuencia, una economía más debilitada incapaz de hacer frente a los desafíos fiscales, de fortalecimiento del mercado interno y del exportador.

Insiste en que ningún cambio profundo puede llevarse a cabo sin un auténtico diálogo social tripartito, por lo que llama a que las decisiones en materia laboral deben surgir del consenso entre trabajadores, empresarios y gobierno. 

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