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• La mayoría afín a Morena avala la creación de Transparencia Mexiquense
• PRI, PAN, MC y PRD criticaron que Transparencia Mexiquense forme parte de la estructura gubernamental del Ejecutivo.
Juan Ignacio Corro
Toluca, Estado de México, a 20 de agosto de 2026
El Congreso mexiquense aprobó la creación de Transparencia Mexiquense, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría estatal, mediante la expedición de las nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas del Estado de México y Municipios, así como reformas a cinco ordenamientos vigentes.
El dictamen responde a la sustitución de funciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Se crea Transparencia Mexiquense como la autoridad garante local, mientras que las contralorías de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos internos de control o equivalentes de los órganos constitucionales autónomos, junto con Transparencia Mexiquense, serán las autoridades garantes del estado.
También mandata la creación del Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, que funcionará mediante un comité presidido por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría, cuyo objetivo será fortalecer la evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la información, la difusión de una cultura de la transparencia y accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.
Durante la deliberación de las propuestas, el congresista Octavio Martínez Vargas (morena) expuso que en este proceso de armonización de la legislación estatal respecto a una reforma federal se conservan derechos y conquistas ciudadanas, y que los gastos en altos salarios y viajes se podrán reorientar a programas sociales, educación, mejoramiento de calles, red hidráulica y servicios públicos.
Al pronunciarse en contra del dictamen, el parlamentario Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI), la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN), la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) y el congresista Omar Ortega Álvarez (PRD) coincidieron en criticar que Transparencia Mexiquense forme parte de la estructura gubernamental del Ejecutivo, lo cual compromete su independencia.
Transparencia Mexicana será juez y parte en la evaluacion de su actuación
El diputado Eduardo Zarzosa advirtió que se abandona un modelo de revisión externa, independiente y especializada, capaz de obligar al gobierno en turno a entregar información pública, para crear otro en el que cada poder terminará revisándose y obligándose a sí mismo.
La nueva Ley prevé que la autoridad obligada a proporcionar información sea la misma que evalúe su actuación y resuelva las impugnaciones.
“No son datos menores, son señales de alerta, son advertencias muy claras de lo que provocará la ausencia de una autoridad independiente. Porque cuando la transparencia se debilita, también se debilita la capacidad ciudadana para controlar los excesos del poder”, advirtió Zarzosa.
Precisó que 71 por ciento de las bases que integran datos.gob.mx (catálogo de datos abiertos del Gobierno de la República) están abandonadas o desactualizadas desde la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La diputada Rocío Alexia Dávila indicó que, de acuerdo con estadísticas publicadas por el Infoem (del 1 de enero al 16 de junio de 2026), se registraron 25 mil 962 solicitudes de información pública y seis mil 492 recursos de revisión.
Esta “nueva norma” de Transparencia implica retroceso de 35 años
La legisladora Ruth Salinas lamentó que en el documento tampoco se especifiquen los requisitos para la persona titular de Transparencia Mexiquense, y el congresista Omar Ortega afirmó que el dictamen implica un retroceso de más de 35 años.
Los sujetos obligados deberán constituir un Comité de Transparencia y una Unidad de Transparencia, así como garantizar su correcto funcionamiento. El Comité será la autoridad máxima al interior del sujeto obligado en materia del derecho de acceso a la información y estará integrado de manera colegiada por un número impar de integrantes; sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos y, en caso de empate, quien lo presida tendrá voto de calidad.
