- Del incumplimiento legal del INE para el proceso revocatorio a la absolución de la Corte
Juan Ignacio Corro
Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2025
Detrás del procedimiento administrativo en contra de dos consejeras y cuatro consejeros del Instituto Nacional Electora (INE) por el retraso en la organización de la Revocación de Mandato está el ex Contralor Interno y actual Director Jurídico del Gobierno del Estado de México, Jesús George Zamora.
Abogados consultados para comprender la queja presentada por Sergio Gutiérrez Luna, entonces diputado y representante del partido Morena del INE ante el Órgano Interno de Control (INE), por dilación en la organización de la Revocación de Mandato en 2021 atribuible a seis Consejeras y Consejeras que votaron a favor de ello, advierten un “retraso intencional para no finiquitar el asunto y haber esperado el time político necesario, en caso de así requerirlo por la cúpula del partido en el poder”.
El 17 de diciembre de 2021, por mayoría de votos el Consejo General aprobó posponer temporalmente la realización del proceso revocatorio de Andrés Manuel López Obrador, hasta que la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), resolviera la Controversia Constitucional que presentó el INE, denunciando falta de recursos para su organización aun cuando fueron solicitados al Congreso Federal.
No solo no se respetó el presupuesto presentado por el INE, sino que las y los Diputados hicieron un recorte presupuestal al máximo para organizar la consulta de Revocación, generando insuficiencia en recursos para instalar al menos 160 mil casillas para dicho proceso, tal como fue en la elección federal de 2019, y en los términos previstos por la Ley, explico en su cuenta X la consejera Dania Ravel.
El 22 de diciembre, Gutiérrez Luna, denunció ante el OIC del órgano electoral a las consejerías que votaron a favor de pausar el ejercicio de revocación, argumentando que esta acción representaba el incumplimiento de un mandato legal y un «fraude» a una resolución de la Corte.
La SCJN, al resolver la controversia Constitucional 209/2021, determino que la Cámara de Diputaciones no motivó en ningún sentido la modificación al presupuesto originalmente solicitado por el INE, lo que, en última instancia, “podría traducirse en una denegación o afectación de los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
Además, detallo la Consejera a manera de denuncia pública en su cuenta de X, hubo ausencia de motivación al recorte presupuestal del Poder Legislativo, en consecuencia, la disminución autorizada por la Cámara de Diputaciones podría generar una eventual vulneración de los derechos político-electorales de la ciudadanía para participar en la Revocación de Mandato, incluso del propio mandatario como actor de la consulta.
El 24 de agosto de 2022, la SCJN resolvió el Recurso de Queja 2/2022-CC, y señaló que el INE actuó de manera eficaz y eficiente en la realización del ejercicio revocatorio, en virtud de que cumplió con el objetivo que le fue encomendando y porque utilizó los recursos disponibles para ello de manera óptima
Desde esa fecha hasta el pasado 22 de septiembre, el OIC al frente de George Zamora y de su suplente Luis Oswaldo Peralta no formulo requerimiento ni a la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, ni a las y los acusados, para indagar sobre su supuesta intervención ilegal en la votación.
Los señalados fueron las actuales Consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel, y su homólogo Jaime Rivera, así como los exconsejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
En ese sentido, y tomando como base que se trató ya de un asunto juzgado por la Corte, abogados que laboran en el propio INE consultados al respecto, manifiestan que ya no representaba queja alguna al haber cumplido las y los consejeros sus atribuciones y responsabilidades, por tanto, el OIC debió sobreseer la misma en forma el proceso, aun cuando las quejas ante el OIC no tienen periodicidad ni caducidad.
Coincidieron en observar en que, al no haber iniciado procedimiento alguno ante los quejosos como lo señalo la Consejera Ravel, el equipo de George Zamora, presumen, dejaron viva la queja de manera intencional esperando alguna “pifia” de la Corte o del proceso revocatorio para actuar en contra de las y los consejeros referidos.
Por lo anterior, señalan, no se entendería el actual del OIC del INE pasados ya cuatro años de la presentación de la queja, al advertir que, desaparecidos los motivos, ya no causa ningún daño respecto a la operación del órgano electoral respecto a la organización de la revocación.
Aunado a lo anterior, las atribuciones de las Consejerías son justamente, asegurar que se respeten las disposiciones constitucionales y legales en todos los procesos electorales, preparar las elecciones y consultas, y emitir resoluciones y acuerdos.
Además de las anteriores, tomar decisiones y aprobar acuerdos que garantizan la imparcialidad, legalidad y objetividad de las actividades del INE y, sobre todo, administrar recursos para la correcta administración de los recursos materiales, financieros y humanos asignados al Instituto.
Otra de la hipótesis del actuar del órgano interno del INE es cerrar el expediente requiriendo a las consejerías involucradas lo que a su derecho corresponda, a manera de garantía de audiencia, y con ello concluir el trámite, dejando sin materia la queja.
Sostienen también que podría tratarse de un proceso reabierto en el marco de la discusión de la reforma electoral, ya que los principales motivos para minar las facultades del INE tienen que ver con la base presupuestal y las facultades de las propias Consejerías.
Y es que López Obrador y Claudia Sheinbaum, han sido severos críticos de las decisiones de Consejeras y Consejeros cuando no los favorecen, y en sus palabras han expresado, se “sobrepasaron” “exageraron” “no son sus facultades” “vamos a ver al Tribunal”, entre muchas otras, postura que mantiene en sus discursos las los servidores públicos del partido en el poder.
Con lo anterior, dicen, queda de manifiesta que, a Víctor Hugo Cervantes, actual titular del OIC, le dejaron una “papa caliente” que no sabe que hacer con ella y no será fácil resolverla en los términos normativos encaminados, al convertirse en un asunto político y electoral.
Persecución “política” de George Zamora en contra el INE al frente Lorenzo Córdova
El 2 de mayo de 2019, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente tomó protesta a Jesús George Zamora como Titular del Órgano Interno de Control del INE, designado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el periodo 2019-2025.
A partir de su designación inicio una confrontación entre ambos respecto de las atribuciones y el gasto del instituto. Mientras George Zamora difundía presuntas irregularidades de forma preliminar en el gasto del INE, Córdova manifestaba que no significaban una irregularidad manifiesta o comprobada y, mucho menos, “responsabilidad de algún servidor público”, refieren boletines del INE.
George Zamora, pertenece al Grupo de Acción Política (GAP), conocido como el Grupo Texcoco, una facción política del partido Morena en el Estado de México, y que, tras la división de Higinio Martínez por diferencias con la gobernadora Delfina Gómez, ahora es liderado por el poderoso Horacio Duarte, quien es el poder tras el trono en la entidad, como lo señalan medios del Estado de México.
A la salida de Duarte del INE como representante de Morena ante el órgano electoral, maniobro en la Cámara de Diputados para que George Zamora quedara al frente del OIC desde 2019 a fin de vigilar, entre otras funciones, el gasto del INE entonces considerado por el partido oficial como excesivo, discrecional y oneroso.
Para tal propósito, debía alinearse a la austeridad republicana que impuso López Obrador, en ese sentido, el OIC se convirtió en el “verdugo” de Córdova Vianello, de su Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo y de las áreas administrativas integradas en la Junta General Ejecutiva.
Entre los asuntos más relevantes del OIC iniciados en 2019, según el último Informe de Gestión y Resultados del OIC de 2023 que abarca el periodo de George Zamora, fue el señalamiento al INE de la contratación por $1,037,547,662.40, para el arrendamiento de vehículos, lo que “representa un ejemplo de las malas prácticas que deben erradicarse en el Instituto y en cualquier institución, por la existencia de actos sistemáticos cuya ilegalidad ha sido confirmada por las autoridades judiciales y cuyos efectos se han prolongado por más de 4 años”.
Tal efecto le dejo a George Zamora el sistema electoral que justamente su tesis doctoral se llama “Evolución argumentativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el periodo 2011-2022”, con la cual seguramente versara sobre el análisis de las decisiones de la Corte en el ámbito electoral.
A partir de sus funciones como Consejero Jurídico del gobierno del Estado de México también se congratula de la reforma electoral; así lo manifestó el pasado 27 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ahí, George Zamora, refirió que la discusión al modelo electoral que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “representa una oportunidad para consolidar un sistema que preserve la diversidad como principio democrático y garantice la eficacia en la toma de decisiones”.
Al respecto, abundo que el reto de la reforma “es innovar”, y no debe entenderse por nadie como un retroceso, sino como la posibilidad de diseñar canales que aseguren que las voces minoritarias permanezcan presentes, aunque su representación no dependa únicamente de los mecanismos tradicionales de plurinominalidad.
