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- El Congreso mexiquense exhortó a los ayuntamientos a suscribir convenios de coordinación y colaboración con empresas concesionarias, autorizadas o proveedoras de servicios de telecomunicaciones, con la finalidad de ordenar y liberar el espacio público ocupado por infraestructura de este tipo.
Juan Ignacio Corro
Toluca, Estado de México, a 25 de febrero de 2026
Ante la contaminación visual y los riesgos derivados de la instalación excesiva y desordenada de cables de telefonía, internet y televisión en calles y avenidas, el Congreso mexiquense exhortó a los ayuntamientos a firmar convenios con las empresas del sector para ordenar y limpiar el espacio público, priorizando el retiro del cableado en desuso.
En sesión deliberante, la diputada María José Pérez Domínguez de Morena, la legisladora indicó que se ha generalizado la práctica de no retirar los cables de contratos cancelados, lo que genera acumulación y saturación en postes, deteriora la imagen urbana y aumenta el riesgo de fallas eléctricas y técnicas relacionadas con el servicio.
En este sentido, subrayó que esta situación afecta la calidad de vida de la población, pues la contaminación visual puede elevar los niveles de estrés y repercutir en la salud física y emocional.
Recordó que el pasado 16 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual considera de interés general y utilidad pública la instalación, despliegue, operación, mantenimiento y retiro de infraestructura destinada a redes públicas de telecomunicaciones.
Precisó que, si bien su aplicación es competencia federal, el ordenamiento establece el respeto a las disposiciones estatales y municipales en materia de desarrollo urbano, y prevé el reordenamiento, retiro o soterramiento de infraestructura conforme a los lineamientos que emita la autoridad reguladora, obligatorios para las empresas del sector.
No obstante, sostuvo que el cableado en desuso puede considerarse residuo sólido urbano por su impacto visual y ambiental, por lo que los municipios tendrían competencia para implementar acciones de retiro y disposición final, contribuyendo al mantenimiento y embellecimiento de los centros de población.
