- En Ecatepec, Cuautitlán, Tlalnepantla y Toluca, piperos vendían el vital liquido por encima de su precio, en mas del 60 por ciento
- Agua extraída de los pozos clandestinos no era procesada para potabilizarla
- Bandas criminales y organizaciones como USON, ACME, La Chokiza ofrecen servicio y sin los permisos para la transportación de agua
Juan Ignacio Corro
Toluca, Estado de México, a 25 de octubre de 2025
Mientras el costo promedio de una pipa de agua potable es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros para uso doméstico, en la región de Ecatepec, Estado de México, se comercializaca con sobre costo del 59 por ciento; en Cuautitlán con 41.4, en Tlalnepantla con 32.42 y en Toluca con casi 10 por ciento, porcentajes que se incrementaban para el uso industrial y residencial de alta plusvalía.
Conforme de la investigación realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y diversas autoridades federales, estatales y municipales en la operación Caudal, para desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal del agua en atención a su relación con delitos relacionados con la explotación y comercialización ilegal de agua, a fin de proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro.
Las pesquisas también establecieron que el agua extraída de los pozos clandestinos no era procesada para potabilizarla, sólo la cloraban lo que podía causar afectaciones salubres a la población, en tanto que, para la distribución, a través de prácticas de acaparamiento, utilizaban pipas de diferentes capacidades, incluso tipo tráiler denominadas “salchichas”, sin que contaran con los permisos obligatorios.
Además, la ciudadanía era obligada a comprar el líquido solamente a los transportistas agremiados a alguna organización, para lo cual identificaban sus transportes con logotipos y calcomanías.
Se pudo establecer que las acciones referidas eran llevadas a cabo por organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como los autodenominados Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, “USON”; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, “ACME”; “Los 300” y/o “Unión 300”; “Libertad”; “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”, entre otros, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades.
Los hechos antes descritos son constitutivos de delito conforme al Código Penal del Estado de México, que establece que las principales conductas asociadas a estos ilícitos consisten en la extracción, distribución, suministro y comercialización de agua potable sin la autorización legal correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido. Adicionalmente fueron identificadas prácticas extorsivas, de acaparamiento, despojo de agua, robo, encubrimiento y abuso de autoridad.
Las acciones operativas no afectaron el funcionamiento de la infraestructura y pozos oficiales, y el Gobierno del Estado de México, a través de la CAEM, en coordinación con organismos de agua municipales, contaban con un plan para poder atender alguna contingencia de abasto.
