- La CURP con fotografía tendría un costo de alrededor de 70 mil millones: Ex Consejero del INE
Por Juan Ignacio Corro
Ciudad de Mexico, a 26 de marzo de 2025
Las reformas legales que impulsa el gobierno de México por el descubrimiento de madres buscadoras de un campo al interior del Rancho Izaguirre, municipio de Teuchitlán, Jalisco, en donde se hallaron restos humanos, “parecen una reacción y no una estrategia suficientemente pensada”, por lo delicado que representa el manejo de datos personales, consideró Lorenzo Córdoba, ex Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Se utilizará información personal por motivos de seguridad
En el campo se hallaron restos humanos, al menos 40 pares de zapatos e indumentaria de presuntos cuerpos, por lo cual lo consideraron “un campo de exterminio”, en consecuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum pretendió acallar todas las versiones de la opinión pública a través de diversas acciones y medidas encaminadas a hacer más eficiente la búsqueda de personas a través de tecnología, ciencia y coordinación interinstitucional.
Primero, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), luego pidió a Omar García Harfuch, coordinador del Gabinete de Seguridad, a realizar “una investigación rigurosa”, concluyendo que en el predio referido era un “campo de adiestramiento” para el nuevo personal del Cartel Jalisco Nueva Generación; ademas de llevar a cabo la propuesta de modificación a diversas leyes con el objetivo de crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real ente autoridades, instituciones y particulares.
Especificó que el gobierno analizaría la viabilidad de realizar reformas legales a la Ley General de Población, a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En instrucción a ello, la Consejera Jurídica anunció el lunes pasado en la “conferencia del pueblo” que esas medidas responden a la necesidad de contar con herramientas efectivas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas, entre otras medidas, anunció la incorporación de la Clave Única del Registro de Población (CURP) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares con capacidad de consultas en tiempo real.
Además, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas, y establecen obligaciones y sanciones a servidores públicos para quien no cumpla con la generación actualización y compartición de información.
Ayer martes, la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia del pueblo, planteó que las medidas se llevarían a cabo “poco a poco” y dejó en claro que el propósito es juntar las bases de datos para conformar el Registro o Nacional de Población, con la finalidad de que información pueda ser utilizada con base en la Protección de Datos Personales, únicamente cuando se trate por temas de seguridad en apoyo a las fiscalías estatales.
La base del INE ha identificado más de 19 mil coincidencias de cadáveres
La nueva base de datos que pretende construir el gobierno de México, a través de la Clave Única del Registro de Población con fotografía, tendría un costo de alrededor de 70 mil millones de pesos estimó Lorenzo Córdoba, ex Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).
En entrevista, confirmó que la base del padrón del INE es la más segura del país y que, a lo largo de los años, ha sido utilizado con utilidad social, por incluir fotografía, datos biométricos y datos dactilares que resultan en la Credencial para Votar con Fotografìa, datos que han servido para convertirla en el instrumento de identidad más confiable en el país.
Dijo que, a través de los convenios suscritos por el INE con las 32 fiscalías estatales, en los últimos años se ha identificado más de 19 mil coincidencias de cadáveres considerados como desaparecidos.
Córdoba Vianello explicó que el INE toma la huella de los cadaveres y la compulsa con su base de datos, luego, el organo electoral notifica a las fiscalizas que requirieron la información para que se haga un dictamen forense y, sólo con esa condición, se entrega la información ya que el “INE debe vigilar la entrega de la información que la ciudadanía le confió.
Sin embargo, lamentó que en estos casos no se pudo continuar con las investigaciones a fondo mediante estudios forenses a fondo, ya que éstas instancias no cuentan con los equipos adecuados para realizarlas y que permitan confirmar al 100 por ciento la identidad de las personas localizadas.
Sostuvo que el tema de los desaparecidos lleva más de 20 años en el país, pues no existe un mecanismo de identidad mandatada en la propia Ley de Población; no obstante, consignó que durante décadas el Estado no ha sido proactivo en el derecho a la identidad como un derecho humano que se debe garantizar a plenitud.
Al referirse a la CURP, el exconsejero electoral opinó que es un mecanismo de identidad que ha fallado desde su origen, toda vez que se trata de un documento con un dato numérico, pero no contiene biométricos, por ello “el problema de los desaparecidos no se va a resolver con una base originada desde 0”.
En su gestión, agregó, se le propuso a la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Córdero, que el «gobierno fuera una ancla» a manera de el INE y las Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores, tuvieran comunicación entre sus bases personales con utilidad social sin entregarlas, pero nunca se hizo.
Además de ello, también se habló de que el INE pudiera otorgar identidad a los menores de edad ante la inexistencia de un mecanismo que permita tener una base de niñas, niños y adolescentes, pero tampoco se acordó ante las presiones políticas del organismo electoral encabezada por el propio Lorenzo Córdoba y el Consejero Ciro Murayama.
La nueva base será una tarea que llevaría mucho tiempo y no es una solución para atender el tema de los desparecidos, ya que se requiere de atención inmediata, finalizó.
