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- “Operación Atarraya” en el Estado de México asegura 175 “chelerías” y bares
- También se aseguraron drogas y armas de fuego; 26 individuos fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público
Por Juan Ignacio Corro
Naucalpan, Estado de México a 17 de diciembre de 2024
El viernes pasado se puso en marcha la “Operación Atarraya” con el que se clausuraron 175 “chelerías” y bares de 27 municipios del Estado de México utilizados, según las autoridades, por grupos delictivos para realizar delitos como fomento, consumo o trasiego de drogas, trata de personas y extorsión.
“Con ‘Atarraya’ estamos en proceso de visitar centros nocturnos, ‘chelerías’ que les llaman con la finalidad de proteger a los jóvenes y a la gente que llega a visitarlos. En el primer operativo hubo más de 170 asegurados”, declaro la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.
La “Operación Atarraya” fue desplegada de manera simultánea en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Chapultepec, Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Lerma, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, San Mateo Atenco, Tlalnepantla, Toluca, Teoloyucan, Texcoco, Tultitlán, Valle de Chalco, Villa del Carbón, Xalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec.
Además de la clausura de los establecimientos, se aseguraron diversas dosis de drogas como marihuana, cocaína y cristal, así como armas de fuego. Por estos delitos, 26 personas fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica.
Personal de Protección Civil el Estado de México verificó el funcionamiento de dichos establecimientos y ante el registro de irregularidades actuará dentro del ámbito de sus funciones.
La “Operación Atarraya” es parte de la estrategia integral de seguridad del Gobierno Federal y del Estado de México para combatir los delitos de alto impacto cometidos en la entidad por grupos criminales generadores de violencia, así como para investigar e identificar a servidores públicos involucrados en posibles actividades delictivas.
