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Trafico de medicamentos, modificaciones ilegales, privilegios y corrupción revelan una realidad paralela dentro de los centros penitenciarios mexiquenses, donde no todos los internos viven bajo las mismas condiciones.
En teoría, la cárcel es un espacio donde la ley se aplica por igual; en la práctica, no siempre es así.
“Chavela” en nuestra entrega anterior, es apenas la punta del iceberg de toda la problemática que envuelve a los Centros Penitenciarios Mexiquenses, las diversas quejas, denuncias de familiares de internos y los propios reos dieron causa a una serie de denuncias y averiguaciones integradas en un llamado Informe Tártaro
El documento al que tuvo acceso Agencia 252, describe “Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec, familiares de las personas privadas de la libertad, señalan a una PPL (interna) como quien les cobra por el uso de sillas y mesas en el área de visita.
“Dicha PPL se localizaba con una bolsa que contenía en su interior dinero en efectivo, diversos artículos, libretas y una tarjeta con número de cuentas” detalla el informe.
De acuerdo con el documento, se inició la carpeta de investigación ECA/EC2/00/MPI/184/01332/24/10 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde se puso a disposición 34 mil 946 pesos, dinero incautado a la interna señalada como quién cobraba por el uso de inmobiliario del penal.
En otro apartado del Informe, revela que en el penal de San Pedro Barrientos en Tlalnepantla, en distintas celdas se localizaron artículos no permitidos.
“En el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, fueron localizados artículos no autorizados como hornos de microondas, televisiones y bocinas; al no acreditarse su legal procedencia y autorización de uso fueron destruidas”, señala el informe.
“Centro Penitenciario y de Readaptación Social Texcoco, en el área de visita intima se observaron mejoras no autorizadas que contravienen al reglamento (regaderas modernas, ventiladores e interruptores de luz inteligentes), sin que la Directora, el Jefe de Vigilancia y el Administrador, hayan acreditado la procedencia de los recursos y el ingreso del material para efectuar dichas mejoras” cita el informe de 2025.
En el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito “se ubicó a una PPL con una mochila que en su interior contenía medicamentos y equipo médico, misma que no esta facultado para estar en posesión de dichos artículos y medicamento”, se observa en el desglose de incidencias.
El documento que fue entregado a la Gobernadora Delfina Gómez, despeja varios cuestionamientos, ¿Cómo se burla la seguridad de un penal para ingresar artículos prohibidos?, ¿Quién autoriza dichas acciones?, ¿La red de corrupción y beneficios hasta que nivel jerárquico llega?, ¿Quién recibe el dinero cobrado a los internos?. ¿Hasta cuándo actuará la Fiscalía de Justicia estatal o la Gobernadora Delfina Gómez al respecto?
El contenido del documento refuerza las teoría que el sistema penitenciario se ha convertido en una mina de oro, donde el dinero redefine la ley tras las rejas, esto es el Informe Tártaro, donde ocurre lo que nadie ve.
Entrega Uno: «Chavela»
https://agencia.252.com.mx/home/chabela-el-castigo-que-no-existe-pero-todos-conocen/
