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- El Coordinador Nacional de Diputados del PAN, Anuar Azar, plantea abrir un debate plural para crear mecanismos legales de defensa con restricciones, controles y regulación estricta.
Juan Ignacio Corro
Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2026
Ante los niveles de inseguridad y la elevada cifra de delitos que no llegan a una investigación formal, el Coordinador Nacional de Diputados del PAN, Anuar Azar Figueroa, propuso construir un “Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa”, para abrir una discusión plural sobre los mecanismos legales que pueden tener las familias para protegerse ante una agresión inmediata.
Durante conferencia de prensa, señaló que no se plantea una liberalización generalizada de las armas, sino analizar un esquema de portación legal, selectivo y estrictamente regulado, para personas que cumplan requisitos y controles específicos.
Anuar Azar sostuvo que la propuesta surge de una realidad que viven miles de familias frente a la delincuencia.
“Estamos abriendo el debate para encontrar mecanismos legales de defensa, con restricciones, controles y una regulación estricta, ante una realidad en la que las instituciones de seguridad y justicia todavía no están dando los resultados que las familias necesitan”, afirmó.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, solo uno de cada 100 delitos en México llega a una resolución favorable para la víctima, lo que obliga a abrir el debate sobre mecanismos legales de defensa, con controles, restricciones y una regulación estricta.
El legislador enfatizó que la seguridad pública sigue siendo una responsabilidad irrenunciable del Estado y que ninguna eventual reforma sustituiría a policías, fiscalías o jueces.
La propuesta contempla analizar requisitos como revisión de antecedentes, evaluaciones de aptitud física y psicológica, capacitación obligatoria, registro y trazabilidad del arma, almacenamiento seguro, renovación periódica y mecanismos de suspensión o revocación.
También se buscaría revisar los alcances de la legítima defensa y la protección jurídica de quien repele una agresión real, actual o inminente, sin permitir venganzas, persecuciones o justicia por propia mano.
“La discusión no debe reducirse a armar o desarmar a la población. Debemos evaluar si un esquema legal, selectivo y estrictamente regulado puede contribuir a proteger a las familias, sin generar consecuencias adversas mayores”, sostuvo.
Anuar Azar anunció que se impulsarán foros en los 32 Congresos locales y en el Congreso de la Unión, con la participación de especialistas en derecho, seguridad, criminología, regulación de armas, autoridades, organizaciones ciudadanas y víctimas de la delincuencia.
Los trabajos analizarán cuatro temas centrales: legítima defensa y derechos ciudadanos; seguridad pública y capacidad de respuesta del Estado; requisitos para una eventual licencia de portación; y salvaguardas para prevenir abusos y proteger a terceros.
Al concluir, se integrará el “Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa”, con conclusiones y, en su caso, propuestas de reformas constitucionales y legales.
El coordinador señaló que cualquier modificación tendría que ser evaluada mediante indicadores públicos, entre ellos homicidios, robos violentos, lesiones por arma de fuego, accidentes, usos defensivos y posibles desvíos de armas legales al mercado ilícito.
“Una política responsable se evalúa y se corrige; no se defiende a ciegas”, afirmó.
