Visitas: 45
- Fiscaliza ASF la última gestión del edil priista Marco Antonio Rodríguez; detectó irregularidades en obra pública, arrendamientos y servicios seleccionados
Juan Ignacio Corro
Tlalnepantla, Estado de México, a 23 de febrero de 2026
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) consignó faltantes de evidencias documentales esenciales en diversos contratos relacionadas con obra pública, arrendamientos y servicios seleccionados por parte de la administración 2022-2024 de Tlalnepantla, por lo que determinó el incumplimiento legal, financiero y físico de casi 200 millones de pesos de origen federal corrrespondientes al ejercicio fiscal 2024, lo que derivó en cuatro Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y cuatro Pliegos de Observaciones.
En el marco de la entrega de Resultados de la Cuenta Pública 2024, la ASF fiscalizó los recursos federales de la última gestión del ex edil priista Marco Antonio Rodríguez, mediante las auditorías denominadas Distribución de las Participaciones Federales (PFM), Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).
Al respecto, el máximo órgano fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados, se focalizó en la gestión y ejecución de 23 contratos por un monto de 489 millones 339 mil pesos, en 357 millones la ASF verificó que contaban con registros fiscales y presupuestales pero 131 millones no lo tenían, lo que impide demostrar la legalidad, veracidad y el correcto uso de esos recursos por lo que se considera “hallazgo crítico”, al sugerir un posible riesgo de corrupción o fraude con base en las normas administrativas de auditoría.
Con relación a tres contratos sobre la Concesión del relleno sanitario de Tlalnepantla de Baz, el arrendamiento de 30 camiones compactadores para la recolección y disposición final de residuos sólidos y pavimento asfáltico en sitio por medio de aire caliente y colocación de nueva carpeta asfáltica, la ASF resolvió que los expedientes carecieron de suficiencia presupuestal, el acta constitutiva de empresas concursantes, la garantía de cumplimiento, el convenio modificatorio con anexos y/o de la ampliación de garantías del convenio, por lo que los expedientes no se presentaron debidamente integrados.
Sobre el arrendamiento de 30 camiones compactadores para la recolección y disposición final de residuos sólidos, declaró un pliego de observaciones, por el daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública, por un monto de 25 millones 660 mil 543 pesos, por diversos faltantes en el expedientes como el resguardo de los bienes, los CFDI formato XML y las bitácoras del servicio.
En otros siete contratos la ASF estimo un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 41 millones 622 mil 560 con motivo de que los expedientes no cuentan con el resguardo de los bienes, los CFDI (XML), las bitácoras del servicio, el acta de entrega recepción, el informe de servicio y el reporte fotográfico legible como evidencia que acredite la prestación del servicio; y del relleno sanitario el reporte mensual de los meses de junio y diciembre de 2024.
Ello implicó la incapacidad del gobierno de Tlalnepantla para demostrar la existencia física y la propiedad de los bienes, lo que se podría interpretar como posible sustracción, pérdida o mal uso de los activos, derivada de la falta grave de control interno y de cumplimiento fiscal.
También la ASF realizó el hallazgo de faltante documental en 16 expedientes de obra pública, ocho pagados con los recursos del FAISMUN 2024, cuatro con los recursos del FORTAMUN 2024 y cuatro con los recursos de las PFM 2024, por un monto de 308 millones 974 mil pesos; ante lo cual comunicó la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control competente o su equivalente en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México realice las investigaciones pertinentes en contra de las y los servidoras públicos que no hicieron bien su trabajo.
Entre las fallas detectadas por el órgano fiscalizador se mencionan las relacionadas con el dictamen de excepción a la licitación pública, la propuesta económica, la constancia de inscripción al padrón, la convocatoria, el acta de presentación de proposiciones, el dictamen técnico/económico, el acta de fallo, el acta constitutiva de las empresas concursantes y de la empresa contratada, las garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, el convenio modificatorio y la ampliación de garantías, la suficiencia presupuestal y la opinión de cumplimiento, en transgresión a diversas leyes federales y estatales.
Aun más, en tres contratos se confirmó que la empresa ganadora y una participante se encuentran vinculadas entre sí, por lo que dichas acciones implicaron o tuvieron por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida, en consecuencia, se decreto la promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Dirección General de Investigación y Responsabilidades, adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, realice las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos
Los contratos mencionados versan sobre la construcción de techado en área de impartición de Educación Física en la Escuela Secundaria General Insurgentes de México por 3,2 millones de pesos; la construcción de la clínica veterinaria en su 2da. etapa U. en Prol. Vallejo 100 M. esq. Av. Alfredo del Mazo Vélez U.H. el Tenayo, por 1.4 millones; y la rehabilitación de vialidad a base de relleno de materiales pétreos en oquedades en Av. 5 de mayo de Cuauhtémoc a Lázaro Cárdenas, en la Col. San Lucas Tepetlacalco, que tuvo un monto de un millón de pesos.
De la misma forma declaró un posible un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 52 millones 068 mil pesos referidas como “Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado” en Tlalnepantla, al advertir que no se cuentan con el acta de extinción de derechos y obligaciones, el acta de finiquito, la bitácora, la estimación con documentación soporte y el oficio de terminación de la obra.
Y de forma preliminar estimó también un quebranto por 79 millones 672 mil 486 pesos derivados de faltantes de documentos en los expedientes como la acta entrega-recepción, el acta de extinción de derechos y obligaciones, el acta de finiquito, la bitácora, la estimación con documentación soporte, el oficio de terminación de la obra; y el contrato que acredite la propiedad a favor del municipio, además de la falta de los pruebas de laboratorio.
Estos contratos estan relacionados, escencialmente, con el servicio integral de instalación, suministro mantenimiento y puesta en marcha de 50 postes, la construcción de distintos pozos y obras de agua entubada en diversas colonias.
La infraestructura involucrada se ubica en los pozo caracoles II, localizado, ubicado en calle Ejidos y calle Uruapan, col. Dr. Jorge Jimenez Cantú; «Pozo los Reyes II» ubicado en calle Av. Presidente Juárez, núm. 1012, Pueblo San Jerónimo Tepetlacalco; Pozo Prado Vallejo» ubicado en Isla San Juan de Ulua esq. calle Isla de La Concepción núm.. Uno-A, fracc. Prado Vallejo.
Así como de la rehabilitación de red de agua potable de calle Jacarandas entre calle la Romana y Av. Tlalnepantla, Fracc. el Olivo II, Parte Baja; y Rehabilitación de red de agua potable de calle Puerto Tampico y Prolongación Tampico entre Puerto Cancún y calle Mazatlán, Col. Lomas de San Andrés Atenco Ampliación.
