- El incremento en los últimos tres meses ha sido del 150% respecto de 2018
- Las instituciones de seguridad son quienes tendrían que realizar los análisis de riesgos, estrategias de prevención y combate
Por: Juan Ignacico Corro
El asesinato de la candidata al gobierno municipal de Celaya por el partido Morena Gisela Gaytán deja en evidencia el fracaso del esquema de seguridad diseñado entre autoridades electorales y la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana del gobierno federal, en conjunto con los gobiernos estatales para blindar los comicios federales y locales, convertidas ya en las más sangrientas en la historia reciente del país.
De acuerdo con Laboratorio Electoral, un centro de estudios electorales, en lo que val del actual proceso se tiene el registro de 156 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con la organización y celebración de las campañas en la búsqueda del voto. De éstos, 50 han sido asesinatos de los que 26 eran aspirantes, además de 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas, un incremento de más del 200% respecto de nuestro primer reporte preliminar.
Si bien no es atribución del Instituto Nacional Electoral (INE) realizar acciones de seguridad, afirmó la Consejera Carla Humphrey, sí es atribución de los gobiernos federal, estatales y municipales, en razón de ello el Instituto estableció un esquema de seguridad con el gobierno federal para quienes contiendan en al actual proceso, de lo cual derivó la Mesa de Seguridad Interinstitucional para el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024
Esa Mesa fue instalada el pasado 7 de diciembre entre el INE, el Gobierno de México y la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo objetivo es vigilar y dar seguimiento a la estrategia conjunta en la materia para garantizar que los comicios del 2 de junio de 2024 se desarrollen de forma libre, pacífica y ordenada, en un ambiente de gobernabilidad democrática.
En esa ocasión, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, afirmó que para que la Jornada Electoral llegue a buen puerto se darían todas las garantías necesarias para que este proceso se desarrolle de manera libre, pacífica y ordenada.
En este sentido, dijo que se colaborará activamente con las autoridades de todos los órdenes de gobierno, con el INE y los órganos electorales locales.
En sintonía con ello, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que se instalaría la mesa de seguridad las 24 horas del día, para recibir las incidencias y se responda de la mano del INE, atendiendo las denuncias de las y los aspirantes, candidatas y candidatos, llamadas de auxilio y de protección.
En el cumplimiento de ese objetivo, la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei dejó en claro que el Instituto había iniciado la instalación de estas mesas en cada una de las 32 entidades del país, a través de las Juntas Locales y en colaboración con los Organismos Públicos Locales
No obstante, Carla Humphrey enfatizó que serían las instituciones de seguridad, quienes tendrían que realizar los análisis de riesgos, estrategias de prevención y combate. En tanto, las Consejeras y los Consejeros del INE, “estarían comprometidos para que de manera interinstitucional y coordinada logremos tener saldo favorable”.
La realidad ya sido lo contrario pues hasta ayer el máximo órgano electoral habría recibido 99 solicitudes de protección, de las que ha aprobado 74 y 14 se encuentran en un nivel alto de riesgo.
La matan en un acto de campaña. “La ciudadanía siempre nos cuida”
Ayer Gisela Gaytán fue muerta durante un acto de campaña enla comunidad de San Miguel Octopan, justo antes de presentar su modelo de seguridad para Celaya, cuna del Cartel Santa Rosa de Lima, uno de los más sanguinarios del país y que ha operado en la entidad desde hace una década.
De acuerdo con videos que circularon en redes sociales sobre el acto, se aprecia un pequeño grupo de personas en un mitin cuando se escuchan detonaciones mientras que simpatizantes corrían a lo largo de la calle para protegerse. En otro video se aprecia a la malograda aspirante tirada en el piso recostada en las piernas de un hombre.
Horas antes de su muerte, durante una conferencia de prensa Gisela Gaytán informó que ya se había solicitado la asistencia del jurídico estatal del partido Morena para su resguardo y seguridad. Aunque dijo, “la ciudadanía siempre nos cuida”.
Enfatizó que su seguridad dependía de los acuerdos del jurídico del partido, con el INE y el Instituto Electoral de Guanajuato.
Aunque afirmó que ya contaba con seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadanía después de un recorrido por el mercado Morelos.
A pesar de ello, subrayó que ella esperaba respuesta sobre su seguridad por parte de las instituciones involucradas.
Esa declaración es coincidente con lo que habría manifestado Consejeras y Consejeros del INE como Claudia Zavala, Martín Faz Mora y la propia Carla Humphrey, sobre la necesidad de proteger las elecciones y ofrecer seguridad integral a las y los candidatos, ante lo cual la exigencia para todas las autoridades relacionadas en materia de seguridad es que dispusieran de lo necesario para prevenir, combatir y sancionar esos actos criminales.
Esta es una responsabilidad de Estado que formalmente es atribución de los tres órdenes de gobierno. Es decir, no sólo es de la Presidencia de la República, sino también de las gubernaturas y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así como de las 2,469 presidencias municipales, suscribieron en diversas entrevistas y posicionamiento ante el Consejo General.
El móvil político y la operación del cartel de Santa Rosa de Lima podría estar inmerso en una de las hipótesis del asesinato de la aspirante morenista de Celaya. Hace una semana en la red social X se difundió un video, sin conocer su autenticidad, pero donde se aprecia la tortura y posterior acribillamiento a un sujeto por parte de un grupo delincuencial.
En un extracto el sujeto revela una supuesta complicidad del Partido Acción Nacional (PAN), quien gobierna la entidad desde hace más de 35 años y que el próximo 2 de junio renovará el Poder Ejecutivo Estatal, con el cartel referido por ello le ha brindado su apoyo a cambio de permitirle la renta a los pequeños establecimientos.
Al finalizar sus declaraciones se observa el castigo con machete al sujeto, quien suplicando piedad solicita mejor le den un balazo. El sicario accede y lo sacrifica con uno en la cabeza.
Elecciones 2024 supera ya la cifra de aspirantes asesinados que en 2018
Laboratorio Electoral revela en un informe parcial que la violencia asociada a las elecciones ha tenido una tendencia de “incremento preocupante”, ya que el actual desarrollo de los comicios proceso ya superó la cifra de aspirantes a una candidatura, precandidatos o candidatos asesinados en el proceso de 2018.
Registros en 2018 confirman la recurrencia de 43 asesinatos relacionados con la violencia electoral, de los cuales 24 fueron de precandidatos o candidatos, en 2021 se dieron 88 asesinatos, de los cuales 30 correspondieron a precandidaturas o candidaturas.
En el seguimiento de su estudio los meses con mayor cantidad de asesinatos registrados han sido julio, octubre, enero, febrero y marzo.
En este 2024 se llevan contabilizado 156 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con la organización y celebración de las campañas en la búsqueda del voto. De éstos, 50 han sido asesinatos de los que 26 eran aspirantes, además de 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas, un incremento de más del 200% respecto de nuestro primer reporte preliminar.
El incremento de casos en los últimos tres meses ha sido del 150%, lo que deja ver que estamos ante una espiral de violencia que coincide con la conclusión de las precampañas y el registro de candidaturas a nivel local.
Las entidades con mayor cantidad de casos de violencia asociada a las elecciones son Guerrero, Veracruz y Michoacán.
En Michoacán y Guerrero ha habido denuncias por parte de partidos políticos y funcionarios públicos en el sentido de que no hay garantías para participar en procesos electorales locales.
Las amenazas reportadas por los partidos políticos se han incrementado considerablemente durante febrero y marzo, que coincide con la conclusión de las precampañas y las etapas de registro en la mayoría de las entidades.
La veracidad de los números queda a reserva de las dirigencias partidistas al no haber ningún registro público ni respaldos oficiales de las cifras.
Los partidos con mayor número de aspirantes asesinados son Morena (9) y el PAN (5).
Personas afiliadas al PAN son quienes más han denunciado amenazas, seguidos del PRD y el PRI.
En la mayoría de los casos de amenazas e intimidación no se dan a conocer los nombres o los cargo por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones.
A veces es posible advertir los casos cuando algún aspirante o precandidatura abandona la contienda.
¿Cómo funciona este protocolo?
El INE recibe en primera instancia las solicitudes de protección, que debe comunicar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la finalidad de establecer una adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional, según sea el caso.
Cualquier caso presentado en una mesa de seguridad debe ser analizado y categorizado en máximo 48 horas. Posteriormente, la SSPC comunica al INE la disposición del servicio para los solicitantes.
En caso de ser otorgada la protección, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Gobernación, así como la Guardia Nacional, supervisarán el servicio de seguridad y acompañamiento de acuerdo con los niveles de riesgo alto, medio y bajo, lo cual se determinará por el número de elementos y vehículos.
Los nombres de las candidaturas, el cargo al que aspiran, su partido político y si la protección solicitada fue otorgada o no se mantendrá en total confidencialidad hasta el 2029.
Adicionalmente, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión de Vigilancia para las elecciones encargada de vigilar los comicios electorales ante la creciente violencia que ha afectado el proceso electoral de este año. La comisión está integrada por legisladores de diferentes grupos parlamentarios y busca monitorear los ataques dirigidos contra candidatos y candidatas a cargos políticos.
Al final se instaló el grupo para el seguimiento los procesos electorales de 2024. Su función es monitorear todos los procesos electorales del país visibilizando cualquier tipo de violencia o amenaza hacia quienes participen para ver opciones de cómo atender a las víctimas, y visibilizar cualquier intromisión ilegal de los gobiernos federal, estatal o municipal.
