- Vinculan a proceso al reportero de nota roja, Rafael León Segovia, de Coatzacoalcos, Veracruz
- Se desestima el delito por utilizar la palabra «terrorismo”
Juan Ignacio Corro
Naucalpan, Estado de México, a 30 de diciembre de 2025
Este martes un juez de Veracruz vinculó a proceso al periodista Rafael León, conocido también como Lafita León, por “encubrimiento” de fuentes» y delitos en contra de las instituciones de seguridad pública, desechando la acusación por extorsión; pero se mantiene la medida cautelar por lo que no podrá seguir ejerciendo el periodismo.
ARTICLE 19 México y Centroamérica condenó la criminalización que enfrenta por su labor como periodista el periodista Rafael León, mediante el uso del sistema penal en el estado de Veracruz, por lo que sigue con cercanía su proceso de detención.
El 24 de diciembre, tras la detención que se llevó a cabo ese mismo día, se le notificó la imputación de delitos graves: de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, información que la Fiscalía estatal difundió a través de un comunicado.
La investigación se originó por hechos directamente vinculados a la cobertura periodística de nota roja que Rafael desarrolla desde hace años en un contexto de violencia estructural y presencia de macrocriminalidad en el sur de Veracruz.
Para la organización la imputación de “estos delitos es una medida desproporcionada que busca garantizar que se ejecute la prisión preventiva oficiosa”. Esto tiene como efecto el frenar la cobertura que Rafael llevaba a cabo.
En fechas recientes, León Segovia había documentado hechos relacionados con delincuencia organizada y violencia criminal, información que pudo haber afectado intereses tanto de grupos criminales como de autoridades estatales, al visibilizar la situación de inseguridad que prevalece en la región.
De acuerdo con información compartida a ARTICLE 19 por fuentes locales cuyos nombres se reservan por seguridad, Rafael ha enfrentado por años un hostigamiento sistemático, que incluye la apertura reiterada de carpetas de investigación, de las cuales ha sido absuelto en ocasiones previas por falta de fundamentos, exhibiendo irregularidades en la actuación de la Fiscalía.
Este patrón da cuenta de un uso reiterado del aparato penal como mecanismo de presión, intimidación y criminalización por su trabajo.
Señala que es “preocupante” que, en declaraciones públicas recientes, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, haya descartado que la detención del periodista esté vinculada con actos de censura, afirmando que «en Veracruz hemos vivido un año donde perdura la libertad de expresión, yo diría que hasta con exceso en la entidad«.
Además, que “en materia de la libertad de expresión no se coarta a nadie” y que “todos son iguales ante la ley”.
De acuerdo con información compartida a ARTICLE 19, la acusación se sostiene en el hecho de que Rafael recibe avisos o notificaciones directas sobre los hechos de sus coberturas a través de su número telefónico y de acuerdo a testimonios, en ocasiones es el primero en llegar a la escena; sin embargo, el número telefónico del periodista es público y aparece vinculado a sus redes sociales y páginas informativas.
Este argumento resulta improcedente, pues el carácter público del número responde a prácticas habituales del ejercicio periodístico, especialmente en la cobertura de nota roja, donde las personas periodistas reciben información de múltiples fuentes de información.
Aunado a lo anterior, es necesario señalar que la protección de las fuentes periodísticas es un derecho fundamental reconocido a nivel nacional e internacional, indispensable para garantizar la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido (SCJN, Amparo en Revisión 1422/2015) que la reserva de las fuentes constituye un elemento esencial del ejercicio periodístico, ya que sin esta garantía se inhibe el flujo de información de interés público y se expone a las fuentes a posibles represalias.
Por otro lado, estándares internacionales de libertad de expresión establecen que el contacto entre periodistas y sus fuentes (incluidas fuentes anónimas o abiertas) forma parte esencial del ejercicio periodístico y no puede ser utilizado como base para imputaciones penales.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que recibir información de fuentes diversas, incluso de manera no solicitada, no constituye una conducta ilícita, y que criminalizar estas interacciones implica una forma indirecta de censura y restricción al derecho a informar.
Informar a la sociedad sobre hechos de interés público no constituye un delito. Por el contrario, es una función esencial en una sociedad democrática. Casos como éste generan un efecto inhibidor para el flujo informativo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad, como los que se experimentan en dicho estado.
El proceso en contra de Rafael es un acto arbitrario que enciende las alarmas a nivel nacional y se suma a otros recientes, como la vinculación a proceso del periodista Rodolfo Ruiz en Puebla, y refuerza la preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de intimidación.
Además, se observa el abuso que se le da al sistema judicial para servir como instrumento de represalias por la labor que llevan a cabo periodistas y medios de comunicación, genera miedo y autocensura y pone en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada.La situación jurídica de Rafael se define este 30 de diciembre, mientras tanto, como ya se mencionó, el periodista se encuentra actualmente en prisión preventiva oficiosa. Por la gravedad de los hechos y por el potencial de sentar un peligroso precedente, el caso ya se encuentra en conocimiento y bajo seguimiento de la RELE
