Por Juan Ignacio Corro
La primera elección judicial extraordinaria del 1 de junio representa un desafío para las autoridades electorales en materia de fiscalización y seguimiento por el modelo de difusión que prioriza las redes sociales, un ecosistema donde la desinformación, las noticias falsas, la opacidad y los espacios para la denostación, amenazas y estigmatización en contra de las candidatas determinarán el desarrollo del periodo de campaña.
Ante la restricción de contar con financiamientos público y privado y el nulo acceso a tiempos de radio y televisión, además de minimizar la posibilidad de utilizar impresos volantes –solo se permiten con papel reciclado- las y los aspirantes a algún cargo de ministras, ministros, magistraturas, juezas y jueces tanto a nivel federal como en 19 entidades que tendrán comicios locales, la apuesta en las redes sociales es la única posibilidad de promocionarse y difundir sus perfiles.
La pregunta concreta ¿cómo garantizar el voto informado en esta primera elección judicial? considerada como inédita y compleja, no solo por el único de cargos a elegir, sino, además, porque el actual modelo electoral mexicano que no corresponden con la naturaleza de un poder judicial independiente que garantice imparcialidad y neutralidad.
Bajo el argumento de fortalecer los modelos de justicia local y cotidiana que genere confianza en la ciudadanía a fin de promover tribunales independientes en justicia laboral, patrimonial, violencia intrafamiliar, el congreso federal impuso en la ley que las y los electores conozcan perfiles de quienes llevarán esta justicia a través de redes sociales.
Pero ¿quién garantizara que el contenido de las y los aspirantes sea verídico cuando no existe un filtro en la información por parte de las autoridades electorales cuando sí ocurre en los sport de los partidos políticos en una elección ordinaria?
A partir de 2021, Facebook y WhatsApp, han reflejado el mayor número de noticias falsas en México, por lo que están constantemente expuestas a recibir información falsa. En la mayoría de los casos, no tienen tiempo para investigar ni determinar la veracidad de la información.
Por ejemplo, una encuesta realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que el 90% de los encuestados recibieron noticias falsas sobre la COVID-19 por medio de WhatsApp, mientras que el 88% las recibió a través de Facebook.
Hoy la apuesta es a través de TikTok, la plataforma china que se mantiene en el ojo del huracán con el gobierno de los Estados Unidos por intentar adjudicarse más del 50 por ciento de sus acciones, esta es y será la plataforma por medio de las cuales las y los aspirantes se dirigen a los electores de a nivel estatal, estatal y de sus distritos judiciales.
19 Presidentas y Presidentes de los Institutos Electorales Locales que tendrán proceso judicial; Aguascalientes, BajaCalifornia, Chihuahua, CiudaddeMéxico, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, QuintanaRoo, SanLuisPotosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, establecieron “poner ojo en la operación de las redes sociales”, al advertir, por experiencia en otros comicios, que las redes socios digitales son los “promotores de la desinformación y las noticias falsas”.
Ni los debates públicos ni la plataforma Conocéles serán suficiente para conocer el perfil de más de 800 candidaturas y una cantidad de entre 100 a 400 aspirantes a nivel estatal; ante tal exposición ¿cómo se garantice que la ciudadanía realice un voto informado? pilar del sistema electoral mexicano de los últimos 30 años.
En el inicio de las campañas federales las y los candidatos a ministras y ministros, magistraturas, juezas y jueces “se distraen haciendo Tiktoks”, en lugar de presentar propuestas concretas sobre por qué querer ocupar algún cargo judicial; y de inmediato surge la premisa, es posible hacer esta propuesta en rede sociales bajo el modelo democrático actual.
En 2027, habrá elecciones ordinarias y judiciales en las 32 entidades del país y se vaticinan que las redes sociales serán el medio de difusión más poderoso, económico y de mayor penetración comunicacional para el proceso electoral intermedio, de ahí que las redes hayan llegado para quedarse y por ello es necesaria su ordenación, regulación o desmitificación en material electoral.
