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- El Congreso mexiquense aprobó reformas del llamado Plan B encaminada a fortalecer la austeridad y la eficiencia del gasto público, establecer remuneraciones justas, ajustar la integración de los órganos de gobierno en los ámbitos legislativo y municipal, reconfigurar las etapas del proceso electoral y prohibir el nepotismo y la reelección consecutiva.
- Rechazan aliados incluir documento de elegibilidad para evitar estar involucrado o involucrada en el crimen organizado, narcotráfico o terrorismo, y que la autoridad electoral pudiera solicitar información a la Fiscalía General de Justicia y a los sistemas anticorrupción y de seguridad estatales.
Juan Ignacio Corro
Toluca, Estado México, a 8 de mayo de 2026
El Congreso mexiquense avaló el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbuam a fin de fortalecer la austeridad y la eficiencia del gasto público, mejorar la calidad de la democracia y establecer remuneraciones justas; pero rechazó la propuesta de incluir recurso de idoneidad para cerrarle el paso al crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo, siendo a autoridad electoral la que pudiera solicitar información a la Fiscalía General de Justicia y a los sistemas anticorrupción y de seguridad estatales.
El dictamen adelanta que el inicio del proceso electoral de enero a septiembre, promueve la inclusión de personas jóvenes para el ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales, además de fijar restricciones presupuestales y disposiciones para generar ahorros, los cuales se destinarían, preferentemente, a obras de infraestructura en beneficio de la población.
Además aprobó reformas para, además de ajustar la integración de los órganos de gobierno en los ámbitos legislativo y municipal, reconfigurar las etapas del proceso electoral y prohibir el nepotismo y la reelección consecutiva.
Las diputaciones no podrán reelegirse para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato, pero las personas legisladoras suplentes podrían ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio. Sin embargo, las personas diputadas propietarias estarán impedidas para ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.
El dictamen, elaborado por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como Electoral y de Desarrollo Democrático de la LXII Legislatura mexiquense, añade que, en cuanto a las facultades del Congreso estatal de convocar a comicios, para el caso de elecciones ordinarias, se deberá expedir la convocatoria a más tardar el 15 de septiembre del año anterior al de la jornada.
Las reformas también definen que los ayuntamientos se integren con una persona presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, cuyo número se determinará en razón directa de la población del municipio que representen, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva.
Respecto a remuneraciones, establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo estatal en el presupuesto correspondiente.
Por otro lado, especifica que las remuneraciones de consejerías y magistraturas electorales, secretarías de órganos administrativos, titulares de áreas ejecutivas, técnicas y homólogas del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) no excederán este límite constitucional, además de que estarán impedidas de adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
En el Código Electoral del Estado de México se incluyó que, además de garantizar el principio de paridad de género, se procure la inclusión de personas jóvenes, identificadas como aquellas que, al día de la jornada electoral que corresponda, tengan entre 21 y 29 años de edad para el caso de diputaciones, y entre 18 y 29 años de edad para el caso de integrantes de ayuntamientos.
Sobre la convocatoria a elección ordinaria, se precisa que, una vez emitida a más tardar el 15 de septiembre del año previo a la elección, deberá publicarse a más tardar la primera semana de octubre del año previo a los comicios.
En lo que corresponde a los procesos electorales en que se renueven la gubernatura, la legislatura y los ayuntamientos, se mantiene la disposición de que la manifestación de la intención de las personas que pretendan postular su candidatura independiente se realice a partir del día siguiente a aquel en que se emita la convocatoria, pero se detalla que tenga un límite de hasta 10 días previos al periodo para recabar el apoyo ciudadano. Actualmente, se establece que sea hasta que dé inicio el periodo para recabar dicho apoyo.
Aliados de Morena rechazan recurso de idoneidad de candidaturas
El Pleno rechazó las reservas presentadas por las parlamentarias Joanna Alejandra Felipe Torres del PAN) y Ruth Salinas Reyes de MC en materia de integración de los ayuntamientos en relación a añadir, entre los requisitos de elegibilidad, que se manifestara, bajo protesta de decir verdad, no estar involucrado o involucrada en el crimen organizado, narcotráfico o terrorismo, y que la autoridad electoral pudiera solicitar información a la Fiscalía General de Justicia y a los sistemas anticorrupción y de seguridad estatales.
Tras advertir que la entidad está llena de focos rojos en materia de crimen organizado, Ruth Salinas llamó a tener mano dura contra grupos delictivos. Sobre nepotismo y no reelección, cuestionó por qué esperar hasta 2030, a diferencia de otros temas como la reforma al Poder Judicial o el aumento en las tarifas del transporte público y el precio de la tortilla.
Previamente, en la reunión de dictaminación de las comisiones unidas, además de las reservas propuestas por las congresistas Joanna Alejandra Felipe y Ruth Salinas, también se desecharon reservas planteada por el parlamentario Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI).
Sobre la reserva al Código Electoral y a la Ley Orgánica Municipal, planteó conservar el equilibrio entre integrantes del cabildo de mayoría relativa y los de representación proporcional, incorporando una regiduría adicional de representación proporcional en aquellos municipios con más de 500 mil habitantes, en lugar de la sindicatura que se eliminará.
La diputada Joanna Alejandra Felipe consideró que la armonización es adecuada, pero que sigue siendo “poco integral” y que pudo haberse complementado de mejor manera. Señaló que la reducción de los cargos no implica necesariamente eficiencia en el trabajo. Puso como ejemplo el caso de las sindicaturas, en virtud de que llegan a tener, indicó, más responsabilidades y obligaciones legales que las propias diputaciones.
Por otro lado, expuso que se tenía la oportunidad de cerrarle la puerta al crimen organizado y recordó que el PAN presentó una reforma constitucional para que se anulen las elecciones y se retire de manera inmediata el registro de los partidos políticos en los cuales se demuestre que hubo injerencia de la delincuencia. Subrayó que se tiene que separar el poder político de las alianzas y de los pactos con el crimen organizado, por lo que indicó que, en este aspecto, las reformas “están quedando mucho a deber”.
La parlamentaria Ruth Salinas señaló la necesidad de evitar que lleguen a ser candidatas personas vinculadas con la delincuencia organizada, por lo que no basta un informe de antecedentes penales, pues se debe involucrar a la Fiscalía General de Justicia, el Sistema Anticorrupción y el Sistema de Seguridad, todos estatales, para garantizar que las candidaturas no estén siendo investigadas por crimen organizado, narcotráfico o terrorismo en nuestro país o en el extranjero.
Por otro lado, refirió que se tuvo más de un año para realizar los análisis técnicos y operativos en colaboración con el IEEM y el TEEM, y así elaborar un dictamen integral, sin prisas, con técnica y operativamente viable.
Añadió que sigue pendiente el reconocimiento en la ley de las acciones afirmativas para garantizar la participación política de personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados, como lo son personas indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad, de la diversidad sexual y jóvenes, para que no sea únicamente mediante los acuerdos del Consejo General del IEEM.
