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- Mediante seis asambleas, comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos mexiquenses se pronunciaron sobre la reforma constitucional que plantea reconocerlos como sujetos de derecho público.
- Se llevó a cabo en asambleas regionales en Acambay, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco el pasado 25 de abril, y una asamblea en Toluca este 29 de abril.
- Participaron representantes de los pueblos mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica, provenientes de 48 municipios con presencia oficialmente registrada de estas poblaciones
Juan Ignacio Corro
Toluca, Estado de México, a 30 de abril de 2026
Con el aval de personas originarias y afromexicanas del Estado de México, el Congreso del Estado de México llevó a cabo la consulta a efecto de que se pronunciaran sobre la reforma constitucional que plantea reconocerlos como sujetos de derecho público.
Este proceso, realizado mediante cinco asambleas regionales y una asamblea general, permitirá que el decreto de reforma a la Constitución estatal, sea sometido a consideración del Pleno de la LXII Legislatura mexiquense.
En este sentido, el 25 de abril se llevaron a cabo asambleas regionales en los municipios de Acambay, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco. Posteriormente, el 29 de abril se realizó una asamblea general en Toluca, capital del estado, en la que participaron representantes de los pueblos mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica, provenientes de 48 municipios con presencia oficialmente registrada de estas poblaciones, así como comunidades migrantes originarias de otras entidades del país y personas afrodescendientes, quienes también presentaron propuestas en las materias correspondientes.
Con la asistencia de representantes del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Cedipiem) y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la diputada Leticia Mejía, presidenta de la Comisión legislativa de Asuntos Indígenas, precisó que el ejercicio enriqueció el proyecto de decreto que modifica la Constitución estatal para armonizarla con la reforma constitucional federal en la materia de 2024.
Detalló que la reforma federal, diseñada después de que se pidiera opinión y propuestas a comunidades originarias y afromexicanas de todo México, mandata que las entidades armonicen sus constituciones locales con ella, por lo que en estas consultas solo tenía que exponerse si se lleva o no al Pleno el proyecto de decreto correspondiente, mientras que otras preocupaciones en materia de salud, educación, infraestructura, vivienda, y preservación de lenguas y tradiciones, se tomarán en cuenta para la construcción de las leyes secundarias que dispondrán lo que le toca hacer a cada una de las instancias relacionadas y las atribuciones de los gobiernos federal, estatales y municipales en este tema.
Las y los participantes opinaron, entre el contenido principal del decreto, sobre el reconocimiento a su autonomía; el derecho a poder decidir cómo organizarse y gobernarse internamente; la aplicación de sus propias normas para resolver conflictos respetando la Constitución; la preservación de su cultura, lenguas, tradiciones y conocimientos; el derecho a proteger las tierras; acceder a formas de propiedad reconocidas por la ley; derecho a la justicia con respeto a su contexto y a ser consultados cuando una decisión afecte a su pueblo o comunidad.
Asimismo, se abordaron las obligaciones del Estado, entre las que destacan impulsar el desarrollo económico de las comunidades respetando sus actividades tradicionales; asignar recursos públicos que puedan administrar directamente; proteger su cultura y conocimientos; y garantizar una educación intercultural y en sus lenguas. También se planteó mejorar el acceso a la salud, alimentación y vivienda con pertinencia cultural; ampliar el acceso a servicios básicos; promover la participación de las mujeres; fortalecer las comunicaciones; y atender a las personas indígenas migrantes.
En cuanto a los derechos de los pueblos afromexicanos, se subrayó la necesidad de reconocer su derecho a preservar y proteger su identidad cultural y forma de vida, así como sus aportaciones históricas y sociales, además de garantizar su inclusión en los censos y registros oficiales.
