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Detectan operación electoral con el uso de programas sociales en Edomex, Chihuahua y Guanajuato

 


·        Se estima que la operación electoral permitió aumentar hasta el 30 por ciento la votación.

·        Los triunfos de la coalición Karla Fiesco y Marco Antonio Rodríguez en Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla, bajo cuestionamiento por observadores electorales.

Observadores electorales acreditados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) revelaron que la práctica de compra y coacción de voto a través de los programas sociales, entre ellos el Salario Rosa en el Estado de México, aumentó hasta el 28.6 por ciento la votación en las casillas bajo estudio durante la Jornada Electoral del 6 de junio pasado.

El grupo de observación Dinamismo Juvenil A. C., que forma parte de 25 proyectos de observación acreditados ante el INE y respaldos por el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021 (FAOE), administrado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL-IIDH), dio a conocer que en el Estado de México, Guanajuato y Chihuahua fueron los territorios donde más irregularidades se presentaron en los comicios locales.  

Edgar Eduardo Martínez, explicó que esa agrupación observó el desarrollo del proceso electoral durante los meses de abril, mayo y junio en siete territorios del país: Parra, Coahuila; Jiménez, Chihuahua; Celaya y Gasca en Guanajuato; Huasca, Atotonilco y la Palma en Hidalgo; Oaxaca, Ciudad de México, y Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla en el Estado de México.

Dinamismo Juvenil A. C., creado para fomentar la participación ciudadana de observación de los procesos relevantes durante el proceso electoral, con el fin de presionar a los actores involucrados a realizar acciones democráticas honestas, transparentes, justas e inclusivas, indicó que 34 personas observaron un total de 158 casillas en el Estado de México, Guanajuato y Chihuahua.

 

En estas tres regiones, enfatizó, se destacó la práctica de compra y coacción de voto de la mitad de los territorios investigados hasta en 28.6 por ciento de los votantes, mediante el uso y manipulación de diversos de programas sociales con fines proselitistas.

 

“Lo que identificamos en el Estado de México fue el apoyo que se le da al Salario Rosa y que éste fue el que se estuvo promoviendo para la acción del voto… y de alguna manera sometiendo a poder dar y continuar en el apoyo”, detalló.

 

Estos resultados cuestionarían el triunfo de los alcaldes electos Karla Fiesco y Antonio Rodríguez de la coalición PAN, PRI, PRD, respectivamente, frente a sus oponentes Raciel Pérez y Daniel Serrano.

 

De acuerdo con los resultados preliminares del Instituto Electoral del Estado de México (IEMM) la aspirante Karla Fiesco obtuvo 103,496 sufragios ante, Luis Daniel Serrano Palacios, quien alcanzó 82,065 votos. En tanto, con 138,106 votos Marco Antonio Rodríguez Hurtado obtuvo la mayoría en Tlalnepantla en contra del recién alcalde Raciel Pérez, quien registró 107,324.

 

Con el porcentaje que observó la organización electoral ambos triunfos pudieran ser revertidos, al tomar la diferencia de alrededor de 31,048 y 41,431, respectivamente, en Izcalli y Tlalnepantla.

 

En Izcalli se tiene una lista nominal de 414,425 y una participación de 210,577; mientras que en Tlalnepantla la lista es de 558,916 con una votación de 265,958,

 

Al dar a conocer sus primeros resultados preliminares de observación en las tres regiones, resaltó que las y los candidatos adolecieron de propuestas claras y significativas para captar el interés del electorado y promovieron su voto.

 

En el proceso electoral se desarrollaron varios eventos violentos en diferentes estados de la República, perdiendo la vida un total de 99 personas y atendiendo más de 900 reportes de violencia.

 

Mostró su preocupación en la cooptación de candidatos y apropiación cada vez más amplia del espacio público por parte del crimen organizado.

 

Propuso como acción de mejora que el INE tenga la facultad para denunciar actos de violencia hacia los candidatos, diseñar una capacitación adecuada hacia la ciudadanía para evitar coacción del voto o uso de programas sociales y mejorar la capacitación a los funcionarios de casilla o integrantes del INE.

 

Denunció Morena el lucro electoral del Salario Rosa

Por su parte, Maurilio Hernández González, candidato a diputado local por el Distrito 11 y presidente del Congreso Local, estimó en campaña que la Tarjeta Rosa es utilizada para medrar con la pobreza y la necesidad de la gente, y que a lo largo de las campañas se destine para condicionar el apoyo a candidatos del tricolor, principalmente en zonas rurales.

El condicionamiento de los apoyos económicos de este programa estatal, consideró son “prácticas naturales” que se dan dentro del PRI y PAN, y sostuvo que esta ayuda que se entrega con recursos públicos debió haberse suspendido pues así lo establece la ley, pero sigue usándose para intimidar a los sectores vulnerables.

“Para ganar elecciones, ellos medran con la pobreza, con la necesidad de la gente y la ignorancia, por esa razón condenamos esas prácticas”, apuntó el abanderado morenista.

Recordó que estas prácticas son utilizadas en toda la entidad, aunque en algunas zonas metropolitanas no han tenido tanto éxito de amenazar a la gente a cambio del voto, pero sí se recrudece en las zonas rurales del norte y sur de la entidad.

Sin aclarar más mil 500 millones del programa Salario Rosa

Al menos el 25% de los seis mil millones destinados a las 15 vertienetes del programa Salario Rosa del gobierno estatal está siendo auditado por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) del Congreso Local, toda vez que existen más de mil 500 millones que no han sido aclarados del ejercicio fiscal 2019.

La titular Miroslava Carrillo Martínez, titular del órgano fiscalizador estatal, una vez reanudados los procesos de fiscalización reportó también observaciones por 115 mdp, de los 300 mdp asignados a la vertiente Beca Educativa del Salario Rosa, además de que se encuentra en etapa de investigación y aclaración el por qué se otorgó a estudiantes con promedio de 5.17, pese a que las reglas de operación indican que el promedio mínimo es de 8.0.

En municipio como San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca y Jiquipilco, el PRI obtuvo la victoria aun cuando la propia candidata a diputada local del Distrito 15, María de Jesús Galicia Ramos denunció que, en todas las zonas rurales condicionan a la gente para que no salgan a reuniones ni reciban propaganda de otros partidos, y a los beneficiarios, les han exigido que 10 copias de credenciales de elector y que el día de la votación comprueben con fotografías de celular el voto.

INE Edomex otorgó cautelares por difusión de Salario Rosa, pero no difunde la medida.

El pasado 11 de abril, la Junta Local del INE en el Estado de México emitió una medida cautelar para ordenar al gobierno de Alfredo de Mazo, ordenar a Ernesto Némer, Éric Sevilla e Isabel Sánchez, secretarios de Gobierno, de Desarrollo Social y de la Mujer, respectivamente, y en contra de Melissa Vargas Camacho, ex vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y candidata a diputada federal por un distrito de Toluca, a suspender de los portales oficiales y de sus cuentas de redes sociales la difusión del programa Salario Rosa.

Lo anterior, ante la queja presentada por Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Consejo General del INE, al denunciar que, desde noviembre del año pasado y hasta esa fecha, se ha incrementado la difusión de actos y entregas de subsidios del programa Salario Rosa, al configurar promoción de programas sociales lo que vulnera la equidad en la contienda mexiquense.

De manera unánime, la junta local del INE declaró procedente aplicar las cautelares “por estimar que la propaganda gubernamental o institucional o la información relativa al programa social Familias Fuertes Salario Rosa, difundida en medios oficiales, redes sociales y un par de medios de comunicación contiene elementos que pueden constituir propaganda personalizada.

Sin embargo, esta medida no se difundió por parte de la Junta Local del INE que preside Joaquín Rubio Sánchez, al considerar que “no se debía tocar ese tema”, violando los principios de máxima transparencia que promueve el Instituto electoral.

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