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Niega auditor Especial dolo o motivación política en las cifras dadas sobre la auditoría del aeropuerto de Texcoco

Foto Twitter 


Por Javier Divany Bárcenas

Ciudad de México a  9 de marzo del 2021.- El auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, en reunión con la Comisión de Vigilancia de la ASF, manifiesto con firmeza que no existió dolo o motivación política en el equipo auditor, de la misma manera que los colaboradores a su cargo, por los datos de la auditoría a la gestión pública de 2019, sobre el aeropuerto de Texcoco.

Explicó que los datos que incluye su informe son 163 mil 540 millones de pesos ya erogados y 168 mil 455 millones de costos adicionales.

“Eso de ninguna manera implica un ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno que fue legítima y democráticamente electo”, señaló

Ante Mario Rodríguez Carrillo presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y los integrantes de esta Comisión, dijo que sus colaboradores merecen todo su reconocimiento, por su labor profesional.  

Al iniciar su ponencia ente los diputados sobre la Auditoría número 1394, a la que se han dado ante la opinión publica algunas discrepancias, aclaró que el área a su cargo es ajena totalmente a la discusión partidista.

Recordó que en sus 50 años de experiencia profesional, nunca ha sido sancionado o señalado por alguna irregularidad, y con manifiesto “con firmeza que no existió dolo o motivación política en el equipo auditor, de la misma manera que los colaboradores a su cargo, por lo que ellos merecen su reconocimiento, por su labor profesional”.

Dijo que atiende al llamado de la Comisión de buena fe y solicitó que no se considere una violación a la separación temporal del cargo, que se le formuló el hecho de acudir y presentar todo aquello no está impedido en términos del debido proceso.

“No vengo a defender a capa y espada una cifra, vengo a poner sobre la mesa, las razones por las cuales se presentan con igual validez dos ópticas distintas, a explicar los procesos legales a los que habrán de ventilar las diferencias, deberán de ventilar estas diferencias pero que no son verdades excluyentes”, mencionó.

Anticipó que una vez que terminan los resultados de la auditoría, que esta mandatado en la ley, asumirá sus conclusiones “ese es el compromiso al que estamos obligados todos los servidores públicos”.

Consistió en fiscalizar el procedimiento para la cancelación de proyecto de inversión del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NACDMX) a fin de determinar los componentes, los costos económicos, los financieros y los legales para el conjunto del Estado.

Refirió que el diseño de la auditoría aclara que el objetivo no es una revisión de cumplimento financiero de un año, ni se aboca a verificar el cumplimiento y legalidad con que se maneja los recursos públicos, esta auditoría se valoran de manera amplia los tipos de costos dentro de un proceso que inició hace siete años incluso se presentan proyecciones a futuro que son estimaciones que pueden concretarse o no en los años venideros.

El auditor Especial explicó que la finalidad de este tipo de auditorías de desempeño es aportar recomendaciones que mejoren la gestión pública para que la acción institucional genere valor agregado a la sociedad.

Los primeros recursos asignados al aeropuerto de Texcoco, continuó, se remontan al presupuesto de 2014 y la cancelación de este proyecto no ha concluido.

“No estamos ante un hecho completamente pagado y cerrado, se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos financieros y económicas que pueden concretarse hasta en 26 años”, afirmó.

Enfatizó que los resultados de la auditaría fueron 8, y en ningún momento se estableció un pliego de observaciones como cuantificación de un presunto daño a la hacienda pública, tampoco existe ningún señalamiento o a ningún servidor público, no hay promoción de sanción por conductas graves y no graves.

Al no tener ningún elemento punitivo, dijo, con estos resultados queda claro que no existen o existió la intencionalidad de imputar alguna conducta ilegal a un ente o a un gobierno.

“Con esta auditoría no se presenta una cifra definitiva que señale un daño materializado, porque el proceso de construcción y cancelación del aeropuerto aún no concluye, solo se emite recomendación de carácter preventivo positivo y de control para la mejora de la gestión”, advirtió.

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