A la calle más de 600 mil burócratas con la Cuarta Transformación
Por Redacción 252
CDMX .- Unos 600 mil burócratas de alto, segundo y hasta del tercer
nivel perderán su empleo en la administración federal a partir de 1 de diciembre
con el programa de austeridad que aplicará el Presidente electo Andrés Manuel López
Obrador, y que será respaldado en una serie de Leyes que se encuentran en la agenda
legislativa del Congreso Federal para su
discusión y posible aprobación.
El equipo de transición del
próximo gobierno emitió la propuesta de reestructura organizacional de plazas
de confianza para el sector central, dependencias y órganos desconcentrados
según sea el caso, a fin de disminuir hasta el 70% en plazas de segundo y
tercer nivel de jerárqia, así como una serie de medidas administrativas establecidas
en la iniciativa de Ley Federal de Austeridad.
En promedio existen alrededor de
2 millones de empleados federales de confianza que prestan sus servicios en
Secretarías, entidades y empresas productivas del Estado, a quienes se les
aplicará los lineamientos de austeridad para ahorrar recursos públicos ante la
posible duplicidad de funciones.
Para tal efecto se establecieron
criterios generales para el inicio y continuidad de la administración, el cual
señala que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) deberá presentar un ahorro equivalente de, al menos, 30% en plazas y
costos entre la organización actual y propuestas de todas las actuales
Oficialías Mayores y áreas equivalentes en entidades.
En torno al programa de
austeridad que aplicará el gobierno federal en dependencias y órganos
desconcentrados, cuya base se tomó de los 50 Lineamientos para combatir la
corrupción y aplicar la política de austeridad republicana, se realizará un
esquema de reducción de plazas hasta de 70% de la estructura actual que
iniciarán con la desaparición de las Direcciones Generales Adjuntas; sólo
se autorizará máximo dos subsecretarías las que podrán contar con sólo tres
asesores, un chofer y un gabinete de apoyo.
El documento que señala los
criterios para el inicio del gobierno apunta que nada más la Secretaria de
Relaciones Exteriores mantendrán las oficinas y representaciones en el
exterior. El resto de las dependencias deberán cerrar todas las oficinas en el
exterior y cancelar las plazas.
Al interior del país, se
eliminarán todas las Delegaciones Federales, así como los representantes
encargados de los programas de desarrollo social, a fin de no duplicar
funciones con la Coordinación para el Desarrollo de Proyectos Integrales,
próximo a su aprobación en la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
Asimismo, se eliminan las áreas
de equidad y género, comunicación social y asuntos internacionales, para evitar
duplicidad de funciones en áreas de servicios, tanto administrativas, jurídicas
y tecnologías de información, enlaces legislativos, de transparencia y
auditorias.
De la misma forma, las plazas y
presupuestos de los Órganos Internos de Control se transfieran a la Secretaría
de la Función Pública; actualmente la dependencia donde laboran el personal la
dependencia cubre sus percepciones.
Estas propuestas de modificación
se presentarán en el Congreso Federal relacionadas con la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal (APF), la Ley Federal de Austeridad y la Ley de
creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de
reglamentar los 50 Lineamientos para combatir la corrupción y aplicar la
política de austeridad republicana planteados por el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador.
Para el 2019, el gobierno federal
no contará con autorización de presupuesto para la contratación de eventuales y
honorarios, se cancelarán las pensiones a expresidentes de la República y se
suspenderá total o parcialmente las contrataciones por el Servicios Profesional
de Carrera, y todo tipo de movimiento de personal.
En materia de Recursos Materiales
y Servicios Generales, se cancelarán los contratos que presenten irregularidades
en su adjudicación, entregables, precios, entre otros, que pudieran ser
resultado de actos de corrupción. El equipo de transición deberá identificar
los contratos con problemas de alto riesgo a fin de encontrar estrategias con
la Secretaría de la Función Pública.
El ejercicio fiscal concluirá el
30 de noviembre y no el 31 de diciembre según acordaron los equipos de la SHCP;
por tanto el actual gobierno hará todo lo necesario para resolver temas de
presiones de gasto, como presiones en las universidades, transferencias al
ISSSTE, autorización de modificaciones en el balance financiero de entidades,
entre otras.
En el proyecto de presupuesto
2019 los titulares de administración y finanzas u homólogos no deberán prever
recursos públicos para la contratación de asesorías, consultorías, así como la
subcontratación de servicios con terceros (outsourcing).
A la par, no habrá adquisiciones
de vehículos para servicios administrativos, equipos y sistemas de cómputo,
remodelación de oficinas, ni se comprará mobiliario de lujo.
Se hará efectiva la reducción en
50% en gasto de publicidad del gobierno federal, la cual deberá autorizarse por el área de comunicación social
de la presidencia.
Toda la Administración Pública
Federal no adquirirá mercancías con existencia suficiente en almacenes, y
generarán ahorros en electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil e
internet.
