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A la calle más de 600 mil burócratas con la Cuarta Transformación


Por Redacción 252 
CDMX .- Unos 600 mil burócratas de alto, segundo y hasta del tercer nivel perderán su empleo en la administración federal a partir de 1 de diciembre con el programa de austeridad que aplicará el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y que será respaldado en una serie de Leyes que se encuentran en la agenda legislativa del  Congreso Federal para su discusión y posible aprobación.

El equipo de transición del próximo gobierno emitió la propuesta de reestructura organizacional de plazas de confianza para el sector central, dependencias y órganos desconcentrados según sea el caso, a fin de disminuir hasta el 70% en plazas de segundo y tercer nivel de jerárqia, así como una serie de medidas administrativas establecidas en la iniciativa de Ley Federal de Austeridad.

En promedio existen alrededor de 2 millones de empleados federales de confianza que prestan sus servicios en Secretarías, entidades y empresas productivas del Estado, a quienes se les aplicará los lineamientos de austeridad para ahorrar recursos públicos ante la posible duplicidad de funciones.

Para tal efecto se establecieron criterios generales para el inicio y continuidad de la administración, el cual señala que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá presentar un ahorro equivalente de, al menos, 30% en plazas y costos entre la organización actual y propuestas de todas las actuales Oficialías Mayores y áreas equivalentes en entidades.

En torno al programa de austeridad que aplicará el gobierno federal en dependencias y órganos desconcentrados, cuya base se tomó de los 50 Lineamientos para combatir la corrupción y aplicar la política de austeridad republicana, se realizará un esquema de reducción de plazas hasta de 70% de la estructura actual que iniciarán con la desaparición de las Direcciones Generales Adjuntas;   sólo se autorizará máximo dos subsecretarías las que podrán contar con sólo tres asesores, un chofer y un gabinete de apoyo.

El documento que señala los criterios para el inicio del gobierno apunta que nada más la Secretaria de Relaciones Exteriores mantendrán las oficinas y representaciones en el exterior. El resto de las dependencias deberán cerrar todas las oficinas en el exterior y cancelar las plazas.   

Al interior del país, se eliminarán todas las Delegaciones Federales, así como los representantes encargados de los programas de desarrollo social, a fin de no duplicar funciones con la Coordinación para el Desarrollo de Proyectos Integrales, próximo a su aprobación en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Asimismo, se eliminan las áreas de equidad y género, comunicación social y asuntos internacionales, para evitar duplicidad de funciones en áreas de servicios, tanto administrativas, jurídicas y tecnologías de información, enlaces legislativos, de transparencia y auditorias.

De la misma forma, las plazas y presupuestos de los Órganos Internos de Control se transfieran a la Secretaría de la Función Pública; actualmente la dependencia donde laboran el personal la dependencia cubre sus percepciones.

Estas propuestas de modificación se presentarán en el Congreso Federal relacionadas con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF), la Ley Federal de Austeridad y la Ley de creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de reglamentar los 50 Lineamientos para combatir la corrupción y aplicar la política de austeridad republicana planteados por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Para el 2019, el gobierno federal no contará con autorización de presupuesto para la contratación de eventuales y honorarios, se cancelarán las pensiones a expresidentes de la República y se suspenderá total o parcialmente las contrataciones por el Servicios Profesional de Carrera, y todo tipo de movimiento de personal.

En materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, se cancelarán los contratos que presenten irregularidades en su adjudicación, entregables, precios, entre otros, que pudieran ser resultado de actos de corrupción. El equipo de transición deberá identificar los contratos con problemas de alto riesgo a fin de encontrar estrategias con la Secretaría de la Función Pública.

El ejercicio fiscal concluirá el 30 de noviembre y no el 31 de diciembre según acordaron los equipos de la SHCP; por tanto el actual gobierno hará todo lo necesario para resolver temas de presiones de gasto, como presiones en las universidades, transferencias al ISSSTE, autorización de modificaciones en el balance financiero de entidades, entre otras.

En el proyecto de presupuesto 2019 los titulares de administración y finanzas u homólogos no deberán prever recursos públicos para la contratación de asesorías, consultorías, así como la subcontratación de servicios con terceros (outsourcing).

A la par, no habrá adquisiciones de vehículos para servicios administrativos, equipos y sistemas de cómputo, remodelación de oficinas, ni se comprará mobiliario de lujo.

Se hará efectiva la reducción en 50% en gasto de publicidad del gobierno federal, la cual deberá  autorizarse por el área de comunicación social de la presidencia.

Toda la Administración Pública Federal no adquirirá mercancías con existencia suficiente en almacenes, y generarán ahorros en electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil e internet.



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